Las provincias más perjudicas son Chaco y Santiago del Estero donde casi todos los desmontes son ilegales según denunció la organización Greenpeace Argentina. También, Formosa y Salta se suman a las zonas más perjudicadas.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace afirmó, “es muy preocupante este aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen sus abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta. Por otro lado, es claro que hay complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques”.
Ni la Ley de Bosques, ni la emergencia ecológica, ni las nuevas exigencias de mercados como el europeo, que no comprarán más alimentos que no puedan certificar un origen libre de deforestación, han logrado que frene la destrucción de los bosques y montes en el norte de Argentina, donde en los primeros nueve meses de 2023 se desmontaron 90.755 hectáreas, un 21% más que durante el mismo período de 2022.
Según el relevamiento difundido por la organización ecologista entre los meses de enero y septiembre de este año la deforestación en Chaco alcanzó las 41.848 hectáreas; en Santiago del Estero 30.828 hectáreas; en Formosa 12.498 hectáreas; y en Salta 5.582 hectáreas.
Si se suman estos números de las cuatro provincias que componen el Gran Chaco argentino se llega a un total de 90.755 hectáreas.
La principal causa de la pérdida de bosques, sobre todo en la región del Gran Chaco es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que, en gran medida, se exportan a países de Asia y de Europa.
Según Greenpeace “es hora de terminar con la impunidad de arrasar con nuestros bosques, ya que la deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia”, señaló Giardini.
Cabe destacar que, en julio pasado, ante la emergencia forestal que sufre Argentina, Greenpeace lanzó una consulta online a toda la ciudadanía preguntando si consideraba que los desmontes ilegales e incendios forestales deben ser considerados como un delito penal, algo que hasta ahora no está contemplado como tal en el código penal nacional.
De la misma participaron más de 260.000 personas, con una abrumadora mayoría del 99% de los firmantes a favor de condenar ese crimen ambiental.
