La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó un pedido de informes presentado por el senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos), con el objetivo de conocer el grado de cumplimiento de la Ley Provincial N.º 13.671, sancionada en 2017, que establece la creación de 19 Centros Provinciales de Prevención, Asistencia, Tratamiento y Recuperación para personas con consumos problemáticos.

A casi ocho años de su sanción, el legislador exige respuestas claras al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD). Entre otros puntos, solicita saber si alguno de los centros previstos fue efectivamente puesto en funcionamiento, cuál es su ubicación, operatividad, servicios ofrecidos, y si la norma fue reglamentada como establecía su artículo 11 en un plazo de 90 días desde su promulgación.
Calvo recordó que el Decreto N.º 4170/2017, mediante el cual el Ejecutivo intentó modificar la norma, fue rechazado por la Cámara de Diputados en 2018, ratificándose así la vigencia plena del texto original. “La falta de reglamentación e implementación concreta de esta ley impide su eficacia como herramienta para una problemática de alto impacto social y sanitario”, afirmó.
El pedido incluye también información sobre el rol del Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, la articulación entre ministerios, convenios con organizaciones sociales, Municipios y Comunas, auditorías realizadas, y las asignaciones presupuestarias destinadas específicamente al cumplimiento de la ley. Asimismo, se consulta si fueron habilitados efectivamente los centros de recuperación previstos.
“Es fundamental contar con información clara y actualizada para avanzar en la implementación de dispositivos eficaces en el abordaje de los consumos problemáticos, con un enfoque comunitario y de derechos”, remarcó Calvo. La Ley N.º 13.671 plantea un abordaje integral, descentralizado y participativo, en línea con la legislación nacional y estándares internacionales en salud mental.
Con esta iniciativa, el Senado santafesino busca reafirmar el compromiso institucional con una problemática urgente que afecta a miles de familias, promoviendo la transparencia y el cumplimiento de una norma que aún espera ser aplicada en su totalidad.