Argentina atraviesa una grave crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad, donde miles de niñas, niños, jóvenes y adultos ven peligrar sus derechos más básicos debido a la falta de pagos a prestadores, el cierre de centros terapéuticos, la pérdida de apoyos escolares y tratamientos fundamentales.
La situación, denunciada por familias, profesionales y organizaciones de todo el país, ha llevado a exigir con urgencia una Ley de Emergencia en Discapacidad que permita garantizar la continuidad de los servicios y la atención integral que requieren quienes forman parte del colectivo.
En muchos casos, los retrasos en los pagos de obras sociales y organismos como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) superan los 90 días, afectando directamente a instituciones, transportistas, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos y otros profesionales que ya no pueden sostener sus tareas sin recursos. Esta cadena de incumplimientos deja sin atención a personas con discapacidad, muchas de las cuales requieren apoyos diarios para poder estudiar, desarrollarse, comunicarse o simplemente transitar su vida con dignidad.
“Estamos hablando de derechos esenciales: salud, educación, inclusión. Y esos derechos hoy están en peligro”, denuncian desde organizaciones del sector, que ya han realizado movilizaciones en distintos puntos del país.
En el ámbito local, la Asociación Civil Un Espacio Para Todos de María Juana viene trabajando intensamente para visibilizar esta situación, concientizando a la comunidad y sumándose a la lucha nacional para que se apruebe esta ley, lo que permitiría continuar con la valiosa labor de inclusión, contención y acompañamiento que llevan adelante desde hace años en la localidad.
La falta de respuesta efectiva por parte del Estado nacional y provincial profundiza las desigualdades y empuja a cientos de familias a una situación de desesperación. Por ello, se reclama que el Congreso avance de forma urgente en una Ley de Emergencia en Discapacidad que contemple:
- El pago inmediato a prestadores y centros.
- Un fondo de emergencia para garantizar la continuidad de los servicios.
- La protección laboral de los profesionales del área.
- La participación activa de las personas con discapacidad y sus familias en la toma de decisiones.
En un contexto de ajuste y recorte en políticas públicas, los sectores más vulnerables son los primeros en sufrir las consecuencias. La emergencia en discapacidad no puede esperar. Se trata de la vida, la autonomía y los derechos de miles de personas, y del sostenimiento de espacios fundamentales como el que se construye día a día en María Juana.
