El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, demandó a la administración nacional por el cese de los pagos previsionales a la provincia, reclamando una deuda de 70.000 millones de pesos para este año. La demanda presentada ante la Corte Suprema cuestiona la constitucionalidad del decreto 280/2024, que suspendió los anticipos mensuales automáticos de la ANSES a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Estos anticipos son cruciales para equilibrar las finanzas provinciales, que han sido afectadas por la reducción de recursos coparticipables desde los años 90.
En los últimos años, los pagos de la Nación a Santa Fe se han desacoplado de los valores actualizados, generando una deuda acumulada estimada en 700.000 millones de pesos. Esta situación ha obligado al Tesoro Provincial a desviar fondos de áreas críticas como Salud, Seguridad y Educación para cubrir el déficit previsional.
La ausencia de estos anticipos mensuales ha puesto en riesgo los haberes de los jubilados provinciales. En respuesta, el gobierno provincial solicita una medida cautelar para restablecer las transferencias, asegurando que la falta de fondos no se trata de gastos suntuosos, sino de cumplir con las obligaciones previsionales.
El artículo 18 del decreto 280/2024 anuló los artículos de la ley de presupuesto 2023 que garantizaban estas transferencias automáticas a las provincias que no habían transferido sus cajas previsionales al Estado nacional. Esta medida ha agravado la crisis financiera en Santa Fe, aumentando las necesidades de fondos públicos para la Caja de Jubilaciones.
La demanda subraya que, sin una intervención urgente de la Corte Suprema, la provincia no podrá hacer frente a las necesidades previsionales de sus empleados estatales, lo que incluye a policías, docentes, y otros trabajadores públicos.
