Alrededor de 120 organizaciones socioambientales de todo el país se pronunciaron contra el nuevo proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso por el Ejecutivo Nacional. De aprobarse, Argentina perdería la mayoría de sus leyes de protección de la naturaleza.
Las organizaciones alertan por la permanencia de las modificaciones a las leyes de presupuestos mínimos 26.562 de control de actividades de quema; 26.331 de protección ambiental bosques nativos; 26.639 de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial; y la Ley 24.922 que establece el Régimen Federal de Pesca, en la última versión de proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Desde las organizaciones dijeron: “Las leyes ambientales que pretenden modificarse no tienen ninguna relación con las necesidades y urgencias que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para que sean incorporadas en este paquete de reformas”.
Diego Salas, el director de programas de Greenpeace Andino, expresó: “Pese a algunas modificaciones introducidas en relación con el texto original, las leyes ambientales continúan en peligro y los cambios propuestos atentan directamente contra el corazón de la legislación ambiental argentina, que representa la protección de ecosistemas importantes de nuestro país como glaciares, bosques y humedales”.
La Directora Ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales, María Eugenia Testa, afirmó que “los cambios al capítulo ambiental, de pesca y el agregado en materia de hidrocarburos incluidos por el Poder Ejecutivo Nacional en esta segunda versión del proyecto de ley no mejoran en forma alguna a la propuesta inicial. Por el contrario, gran parte de los puntos más objetables de las modificaciones a las leyes de presupuestos mínimos permanecen sin cambios”.
Con respecto a la Ley de Quemas, la modificación sólo afecta el plazo de respuesta de las jurisdicciones en la autorización para quemas, que pasa de 30 a 90 días. Sin embargo, en caso de falta de respuesta de los gobiernos, las mismas quedan automáticamente habilitadas. Por lo cual los ambientalistas explicaron: “Esta decisión pone en serio riesgo a los humedales y pastizales, víctimas de los incendios año tras año, como los lamentables antecedentes en el Delta del Paraná o los Esteros del Iberá, que en 2022 perdió más de un millón de hectáreas”.
Son derogadas las modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego introducidas en 2020, las cuales no permitían modificar la venta y destino de una zona incendiada por 60 años. Según la FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) el 90% de los incendios que ocurren en el país son consecuencia de actividades humanas.
Debido a la presión de la gente y de varias organizaciones sociales se logró el retroceso en la autorización de desmontes en bosques protegidos, se continúa desfinanciando la Ley de Bosques.
Desde Greenpeace señalaron que “Con este paso atrás, el 80% de los bosques del país, alrededor de unos 50 millones de hectáreas, se salva de la posible legalización del desmonte. Sin embargo, la continuidad en la desfinanciación de la ley reducirá la capacidad de las provincias para el control a los desmontes ilegales e incendios forestales, y la promoción de actividades sustentables en bosques”
Según datos oficiales recopilados por Greenpeace, Argentina perdió entre 1998 y 2022 cerca de 7 millones de hectáreas de bosques nativos, una superficie similar a la de la provincia de Formosa.
Esta organización recuerda que el 75% de los desmontes se concentran en solo cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Solo durante el año pasado, se desmontaron más de 126 mil hectáreas en esa porción de territorio nacional.
Por otro lado, las organizaciones advirtieron que las modificaciones introducidas a la Ley de Glaciares reducirán drásticamente la protección del ambiente periglacial. Y advirtieron en el comunicado difundido que, “los glaciares, que son considerados un bien público, quedarán a merced de las actividades mineras e hidrocarburíferas, al ver comprometido su ambiente periglaciar”.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) explica en un documento que “para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el texto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada de determinados glaciares: aquellos que se encuentran incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares (que es incompleto por excluir a los glaciares menores a 1 hectárea), y que además posean una ‘función hídrica efectiva y relevante”.
Por último, Greenpeace y otras organizaciones están llevando a cabo la campaña “Salvá Las Leyes Ambientales” en donde la ciudadanía podrá suscribir su firma a través de la página web salvalasleyesambientales.org y así seguir contribuyendo a detener las modificaciones planteadas en el proyecto de Ley Ómnibus.
