Desde la asunción del presidente Javier Milei, el sistema de atención integral para personas con discapacidad en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes. La principal causa: el congelamiento y la caída real de los aranceles del Nomenclador Nacional, que regula los valores que perciben profesionales, instituciones, transportistas y acompañantes que prestan servicios fundamentales a esta población.
Prestaciones en riesgo
La falta de actualización de los aranceles, en un contexto de inflación sostenida, ha generado una emergencia humanitaria. Profesionales de la salud, centros de día, instituciones educativas y de rehabilitación advierten que no pueden sostener la calidad —ni en muchos casos, la continuidad— de sus servicios. Muchos prestadores han comenzado a suspender actividades, reducir personal o directamente cerrar sus puertas.
Transportistas escolares que trasladan a niños y jóvenes con discapacidad, terapistas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos, acompañantes terapéuticos y centros especializados no reciben incrementos proporcionales al costo de vida, lo que pone en jaque la posibilidad de seguir funcionando. Mientras tanto, las familias quedan sin contención y las personas con discapacidad ven vulnerados sus derechos básicos.
Testimonios de abandono
En las redes sociales, familiares y trabajadores del sector comparten su angustia bajo el lema #LaDiscapacidadNoEsUnGasto, pidiendo visibilidad y una urgente intervención estatal. Muchos de ellos denuncian que el ajuste sobre la discapacidad representa una violación directa a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en el país.
Reclamos a Nación
Diversas organizaciones, colectivos profesionales y familias están exigiendo al Gobierno Nacional una recomposición urgente de los aranceles del nomenclador, actualizaciones mensuales conforme al índice inflacionario, y la regularización de pagos atrasados por parte de las obras sociales y el Estado.
También se reclama una mesa de diálogo con representantes del Ministerio de Salud, ANSES, ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) y las Superintendencias de Servicios de Salud, para encontrar soluciones sostenibles que garanticen el acceso a los derechos básicos, como la educación, la rehabilitación, el transporte y la inclusión laboral.
Una situación límite
Lejos de mejorar, la situación tiende a agravarse. En muchas provincias ya se reportan cierres de instituciones, reducción de servicios y miles de familias sin cobertura adecuada. La falta de una respuesta oficial contundente agrava la sensación de abandono, alimenta el malestar social y vulnera directamente el principio de inclusión e igualdad de oportunidades que establece la legislación vigente.
La discapacidad no puede ni debe ser parte del ajuste. Lo que está en juego no es solo el funcionamiento de un sistema, sino la dignidad y el bienestar de cientos de miles de argentinos que merecen una vida plena, autónoma y con derechos garantizados. La sociedad y el Estado tienen el deber de actuar. Ahora.
