Desde diciembre de 2023, la gestión del presidente Milei ha implementado una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado.
Se perdieron 52.340 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 15,2% en la planta de personal del Sector Público Nacional.
En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones directamente asociadas al Poder Ejecutivo.
El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 4.945 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E., con 2.293 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.780 despidos, mientras que el Banco Nación registra 1.689 desvinculaciones.
En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80 % del personal. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.
En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 2.996 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la ANSES, con 1.423 despidos, y el CONICET, con una reducción de 985 trabajadores.
En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64 % de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 44 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió un recorte del 41 % de su dotación.
