En el marco de su plan de ajuste fiscal, el gobierno de Javier Milei avanza con un recorte masivo en las pensiones por discapacidad que afectaría a unas 400 mil personas en todo el país, es decir, un tercio de los beneficiarios actuales. La medida se justifica en una auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que apunta a detectar “irregularidades” en la entrega de pensiones durante la gestión anterior. Sin embargo, el proceso ya genera fuertes cuestionamientos: casi la mitad de los beneficiarios auditados nunca fueron notificados formalmente, pero igual perderían el cobro.
El objetivo del Ejecutivo es claro: alcanzar un “ahorro” de 900 mil millones de pesos antes de fin de año, en el marco de su programa de déficit cero. Según información oficial, el recorte proyectado duplica lo estimado inicialmente en el Presupuesto 2025 y supera ampliamente la poda implementada por Mauricio Macri en 2017, cuando se dieron de baja unas 170 mil pensiones.
Detrás de esta estrategia está Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS y exabogado personal de Milei, quien lanzó una auditoría nacional sin precedentes, cargada de polémicas y acusaciones. En abril, el jefe de Gabinete Guillermo Francos reconoció ante el Congreso que 222.607 cartas documento enviadas para notificar a los beneficiarios jamás llegaron a destino, una cifra que representa casi el 50% del total remitido. Los afectados no tuvieron oportunidad de realizar los estudios médicos exigidos ni presentar documentación, pero igualmente quedarían excluidos del sistema.
Las notificaciones son gestionadas por la empresa privada Andreani, que a principio de año ganó una licitación de 13 mil millones de pesos. Mientras tanto, la auditoría avanza a un ritmo de 300 mil notificaciones mensuales, con el objetivo de auditar los 1,2 millones de pensiones no contributivas existentes en el país.
La medida ya enfrenta recursos judiciales. La ONG ALAPA, que trabaja con personas con enfermedades poco frecuentes, presentó una cautelar para frenar el proceso, argumentando que el procedimiento “degrada la dignidad humana” y carece de protocolos que contemplen las necesidades del colectivo. Señalan, además, que la auditoría fue lanzada sin reglamentaciones claras, ni participación de organizaciones civiles.
La ofensiva del Gobierno se apoya en algunos casos mediáticos de supuestas irregularidades, como pensiones cobradas por personas fallecidas o prófugos, pero hasta ahora no se ha demostrado un volumen significativo de fraudes que justifique una baja tan masiva. Incluso, uno de los ejemplos más difundidos, la famosa radiografía de la cadera de un perro, terminó siendo una fake news: el caso había sido detectado y rechazado por los propios médicos del organismo antes de que se otorgara el beneficio.
Además de la falta de notificaciones, el nuevo criterio de evaluación implementado por la Resolución 187/2025 eleva al 66% el umbral de discapacidad física necesario para acceder a una pensión o al Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este cambio endurece aún más el acceso a derechos básicos. La resolución también provocó un escándalo al incluir expresiones insultantes como “idiota” y “retardado”, por las que Spagnuolo pidió disculpas públicas en abril durante un foro internacional en Berlín. Sin embargo, la resolución sigue vigente y los insultos permanecen publicados en el Boletín Oficial.
Ante este panorama, el diputado Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia en el área, reasignar partidas y proteger a los prestadores de servicios que también sufren las consecuencias del ajuste. Este miércoles podría haber dictamen favorable, acompañado por una movilización frente al Congreso convocada por familias y organizaciones.
Con este recorte, el Gobierno no solo pone en juego la subsistencia económica de miles de personas con discapacidad, sino también el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos. La preocupación crece ante lo que muchos consideran una política cruel, regresiva y sin precedentes democráticos.
