El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un pedido de informes que podría destapar una de las maniobras más graves de los últimos tiempos en la provincia de Santa Fe. Según denunció, se habrían desviado casi 4 mil millones de pesos de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD) hacia fundaciones vinculadas a pastores evangelistas, muchas de ellas creadas recientemente y sin antecedentes comprobables de trabajo en el área.
Los fondos provendrían del Programa “Redes del Cuidado”, destinado a la prevención de adicciones, y habrían sido transferidos durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, quien mantiene vigente el estado de emergencia en la materia. Esta condición otorga al Ejecutivo amplias facultades para reasignar partidas y otorgar subsidios.
La denuncia adquiere mayor relevancia porque al frente de la APRECOD se encuentra el diputado y pastor evangelista Walter Ghione, presidente del partido Una Nueva Oportunidad (UNO), quien designó como secretario del área a Luciano Sciarra. Ghione también tiene a su cargo la administración del sistema penitenciario juvenil, donde impulsa una articulación entre el trabajo espiritual y las políticas de Estado en materia de adicciones.
Entre las entidades señaladas por Rabbia se encuentra la Asociación Civil “Perseverar”, creada en enero de 2025, que —según el legislador— recibió más de mil millones de pesos por decreto, a pesar de su reciente conformación. Otra organización involucrada sería la Cooperativa de Trabajo OLH, de Carcarañá, que habría percibido 675 millones de pesos entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, sin que se conozca en la localidad ningún proyecto o tarea vinculada a la prevención de adicciones.
La situación generó repercusión nacional. El diputado Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en el Congreso, expresó en sus redes sociales: “Santa Fe: es un escándalo la denuncia de Miguel Rabbia sobre el desvío de fondos a organizaciones sin experiencia en la prevención de adicciones. Si las iglesias evangélicas no tienen nada que ver, deberían rápidamente despegarse de esta trama corrupta”.
El pedido de informes busca que el Gobierno provincial explique los criterios técnicos, sociales y administrativos bajo los cuales se asignaron los fondos y determine si existieron irregularidades o conflictos de interés en la distribución del dinero público. Mientras tanto, la denuncia sigue sumando repercusiones políticas y pone bajo la lupa el uso de los recursos destinados a combatir uno de los problemas más sensibles de la sociedad santafesina: las adicciones.
