Tras el cierre del primer trimestre de 2026, distintos análisis advierten que la economía argentina no muestra señales de remonetización y que la estrategia oficial de financiamiento en dólares comienza a evidenciar restricciones. Durante este período, el Banco Central emitió $6,2 billones para adquirir USD 4.385 millones, mientras que el Tesoro absorbió $5 billones mediante colocaciones de deuda. Sin embargo, lejos de reflejar una mayor demanda de dinero, los indicadores muestran una contracción real tanto de la base monetaria (-1,6%) como del M2 privado (-1,5%), en un contexto de inflación en ascenso y actividad económica estancada.

El esquema de emisión y posterior esterilización responde, según interpretaciones del mercado, a la intención del Gobierno de evitar un impacto inflacionario mayor. No obstante, parte de esa emisión —unos $1,2 billones— no fue absorbida por el Tesoro y debió ser esterilizada nuevamente por el propio Banco Central. En paralelo, la última licitación de deuda mostró continuidad en el endeudamiento en pesos, con fuerte participación de instrumentos ajustados por inflación, y dificultades crecientes para captar dólares a través de bonos como el AO27 y el nuevo AO28, que no lograron completar los montos previstos.
Este escenario alimenta dudas sobre la sostenibilidad de la estrategia financiera. Por un lado, el Banco Central continúa comprando divisas, pero sin lograr acumular reservas, ya que estas se destinan a cubrir pagos de deuda del Tesoro. De hecho, en lo que va del año ya le transfirió más de USD 3.600 millones. A esto se suma el endeudamiento en moneda extranjera mediante operaciones como el REPO, lo que incrementa los pasivos externos de la entidad.
A su vez, persisten cuestionamientos sobre la credibilidad del programa económico, en parte por los cambios frecuentes en la política monetaria y cambiaria, y por la incertidumbre respecto a su continuidad. También se pone en duda la solidez del superávit fiscal, en un contexto donde la recaudación muestra caídas reales sostenidas. En materia inflacionaria, lejos de consolidarse una desaceleración, los precios mantienen una inercia que el propio Banco Central reconoce, mientras que decisiones como la postergación en la actualización del IPC generan mayor incertidumbre.
Otro foco de preocupación es el frente externo. A pocos meses de importantes vencimientos de deuda en dólares —unos USD 4.200 millones— no está claro cómo el Gobierno obtendrá las divisas necesarias, en un contexto donde el acceso al financiamiento internacional sigue cerrado y la captación vía mercado local parece limitada.
En este marco, la llegada de la cosecha gruesa podría aportar divisas en el corto plazo, aunque los analistas advierten que parte de esa liquidación ya fue anticipada y que, en un mercado con menor regulación, los propios exportadores podrían volver a dolarizarse, reduciendo el impacto neto sobre las reservas. Además, se prevé que, tras este período, el ritmo de acumulación de divisas se desacelere, complicando aún más la capacidad de afrontar compromisos externos.
Finalmente, el escenario internacional también agrega incertidumbre. La posibilidad de un nuevo respaldo financiero desde Estados Unidos, como ocurrió previamente, dependerá en gran medida del contexto político y económico de ese país, donde el gobierno enfrenta desafíos en materia inflacionaria, laboral y judicial. En este contexto, las elecciones norteamericanas aparecen como un factor clave para el futuro financiero argentino.
Fuente: CEPA





