En un año electivo, las campañas electorales empezaron a subir la temperatura con dos grandes polémicas: el financiamiento privado y los gastos de las fuerzas.
Por ley, y de cara a la campaña nacional que empieza de manera oficial una vez que cierran las listas, los recursos privados que puede recibir un partido tienen un tope. En ese marco, la mayoría de los partidos consideran positivo que exista dicha regulación y polemizan con el Frente de Izquierda que pide que las acciones proselistas sean bancadas por el Estado.
La alianza entre el PTS y el PO subraya que se “blanquean los aportes truchos” de los procesos, estrechando lazos entre política y empresarios, en perjuicio de aquellos que no aceptan ningún dinero de sectores del ámbito ejecutivo.
De acuerdo a esta afirmación, del entorno de un precandidato presidencial opositor esgrimen que sería ideal que el Estado sea el único aportante, pero, sin ley, sería imposible llevar un control.
Según el diputado nacional de la Coalición Cívica- Juan Manuel López-, “hay que transparentar, debe haber boleta única para abaratar campañas, con sus costos y logística. Hay mucho gasto en negro en fiscales que no son voluntarios y punteros, pero nadie se anima a hablar
En relación a los gastos, la Justicia Electoral aparece en escena, dando cuenta de las anomalías que se repiten en cada proceso gracias a un equipo de auditores. En este sentido, la gran mayoría de los espacios utiliza dinero en efectivo que luego no declara, posee más de una cuenta bancaria (cuando debería ser una sola) y directamente enfocan campañas en la vía pública, medios de comunicación, entre otros.
Las denuncias por campañas anticipadas, fuera del plazo legal de inicio, también son habituales y en la actualidad corre un expediente que involucra a Patricia Bullrich, Javier Milei, Juan Urtubey, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Esta acusación la efectuó un abogado, Martín Rodríguez, a raíz de afiches e imágenes de los precandidatos en modo proselitista en diferentes medios.
Carolina Tchintian, directora de Instituciones Políticas, propone “instancias de reporte durante la campaña”.
