Greenpeace encendió las alarmas tras denunciar que, a pesar de un fallo judicial que suspendía los desmontes desde noviembre de 2020, en la provincia de Chaco ya se arrasaron 167.684 hectáreas de bosques nativos, una superficie equivalente a ocho ciudades de Buenos Aires.
La organización ambientalista realizó una incursión en el corazón del Impenetrable Chaqueño, donde constató la actividad de topadoras en fincas cercanas a Taco Pozo y en áreas de amortiguamiento del Parque Nacional Copo y la Reserva Provincial Loro Hablador. Allí colocaron carteles con la leyenda: “Esto es un crimen ambiental”.
Complicidad e impunidad
“Estos crímenes cuentan con la complicidad del gobierno, que debe hacer cumplir los fallos de la Justicia”, denunció Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace. Según la referente, la falta de controles efectivos genera un escenario de impunidad que alienta a los terratenientes a seguir avanzando sobre uno de los últimos refugios del yaguareté, especie en peligro crítico de extinción en el país.
Los desmontes ilegales no solo destruyen biodiversidad, sino que también aceleran el cambio climático, aumentan el riesgo de inundaciones y sequías, degradan los suelos, facilitan la propagación de enfermedades y expulsan a comunidades indígenas y campesinas de sus territorios.
Una batalla que llega a la Corte Suprema
Este desastre ambiental forma parte de un litigio mayor. En 2019, Greenpeace presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, así como contra el Estado Nacional, por incumplir la Ley de Bosques Nativos y permitir la destrucción del hábitat del yaguareté. El máximo tribunal ya declaró su competencia en la causa y se espera un fallo que podría sentar un precedente histórico en la defensa de la biodiversidad argentina.
Reclamo de mayor dureza legal
Greenpeace insiste en la necesidad de que tanto los desmontes ilegales como los incendios forestales intencionales sean considerados delitos penales. Para ello lanzó la campaña votaporlosbosques.org, donde más de 267.000 personas ya sumaron su firma reclamando la tipificación en el Código Penal.
“En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes”, concluyó Cruz, en un llamado a la acción ciudadana frente a lo que calificó como un verdadero ecocidio.
