Entre las principales conclusiones podemos destacar que se detectó una fuerte caída de la ejecución real respecto al mismo período del año 2023, del orden del -32%, lo cual implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración.
Dentro de un contexto de fuerte ajuste, sobresale el incremento interanual real del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que lleva gastado 24 mil millones de pesos durante 2024. Además, sobresale el caso de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, la cual declaraba ejecutar 108 mil millones de pesos al mes de septiembre (tanto devengado como pagado), y actualmente sólo estima una ejecución acumulada de casi 32 mil millones de pesos durante todo el año. El Gobierno deberá dar explicaciones de cómo hizo para dar marcha atrás con el devengamiento de un crédito, lo que implica un compromiso de pago; y aún más, ya que dichos montos figuraban “pagados”, es decir que ya se habían librado las órdenes de pago de la Tesorería General. ¿Devolvieron la plata o se imputaron dichos gastos a otros organismos o jurisdicciones de la Administración Pública Nacional?
Paralelamente, se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 12% del total de gastos.
Al analizar el gasto por organismos públicos, se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-65%), ANMAT (-21%), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-29%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-18%). En el caso del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, del cual el gobierno anunció su intención de cerrarlo, el ajuste interanual es de casi el 18%.
En materia científica la situación no es mejor, ya que se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la CONAE, CONICET y CONEAU.
Los organismos de la Seguridad Social están sufriendo fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias. En el caso de la ANSES, organismo responsable de la Seguridad Social, el recorte llega al -18% respecto al año pasado. También se detectaron recortes del 63% en el INAES; y del 43% en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
En un contexto recesivo y de caída de ingresos, los programas de Desarrollo Social no tienen el financiamiento necesario. El programa Potenciar Trabajo recorta un 86% de su ejecución. Situación similar vive el programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, con una caída del 79%. Finalmente, el programa de Comedores Comunitarios y Merenderos sufre un ajuste real superior al 74%.
En materia de desarrollo productivo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene un recorte del 96%, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae un 89%. Otros organismos como el INTA e INTI también tiene caídas en su ejecución presupuestaria.
Los casos de los organismos de seguridad también tienen marcadas caídas en su ejecución, especialmente las fuerzas federales. Es el caso de la Policía Federal (-27%), Gendarmería Nacional (-27%), Policía de Seguridad Aeroportuaria (-17%) y Prefectura Naval (-26%). La misma realidad se presenta para las Fuerzas Armadas, con reducciones de las partidas del Ejército (-17%), la Armada (-20%), y la Fuerza Aérea (-18%). Aunque, como se mencionó previamente, resalta el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas con un incremento real del 19% interanual.
Al analizar la ejecución con un grado mayor de desagregación, es decir por partidas programáticas, se observan caídas en los principales programas de la Seguridad Social. Entre ellos, se ajusta fuertemente la PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor, con un ajuste del 42%; las pensiones no contributivas, con una caída del 26%, y las transferencias a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, fundamentalmente el PAMI, con un recorte del 55%.
En materia educativa se observa fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-84%) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-92%).
En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-52%), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (-70%), Atención Sanitaria en el Territorio (-96%), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-93%). Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 59% y el 82%.
En materia de obra pública, el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas cercanas al 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica.
Finalmente, en materia de transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios, los ajustes son muy marcados, encabezados por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100%), y la Asistencia Técnica a Municipios (-92%).
La situación general de la Administración Pública Nacional es de una fuerte reducción de su ejecución presupuestaria. Reducción que en algunos casos está llevando a la paralización de programas de alto impacto en términos sociales, y de salud de la población. Incluso en un escenario fuertemente recesivo, tampoco se están ejecutando programas de ayuda social, y de estímulo al desarrollo productivo.
Fuente: CEPA
