En Argentina, la legislación está dando pasos significativos hacia la integración de la educación ambiental en la formación de quienes toman decisiones y diseñan políticas públicas. Uno de los marcos legislativos más importantes en este ámbito es la Ley Yolanda o Ley 27.592, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente con una perspectiva de desarrollo sostenible y un enfoque especial en el cambio climático para todos los funcionarios públicos.
Sancionada el 17 de noviembre de 2020, esta ley promueve la construcción de una ciudadanía ambientalmente responsable, proporcionando contenidos e interrelaciones orientados a mejorar la calidad del ambiente. Esta formación es esencial para la toma de mejores decisiones por parte de los responsables y funcionarios públicos, asegurando así que sus acciones sean más amigables con el ambiente.
La Ley Yolanda también incentiva al Estado, las instituciones educativas de todos los niveles, la sociedad organizada y los medios de comunicación a trabajar en iniciativas conjuntas que prioricen la educación ambiental. Estas acciones no solo incluyen la transmisión de conocimientos, sino también la implementación de prácticas cotidianas que respeten, conserven y preserven el ambiente.
Entre las temáticas que propone esta legislación se encuentran el desarrollo sostenible, la gestión de residuos sólidos urbanos, la economía circular, el cambio climático, las problemáticas ambientales, los recursos naturales y la biodiversidad, la eficiencia energética y el derecho ambiental.
En los ámbitos formales, las escuelas de distintos niveles y las universidades juegan un papel crucial en esta tarea, mientras que en los ámbitos no formales e informales, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación son actores clave para la difusión y concientización sobre las cuestiones ambientales.
La Ley Yolanda es un paso importante hacia un futuro más sostenible, fomentando la formación de ciudadanos conscientes y responsables con el medio ambiente, capaces de contribuir positivamente al desarrollo de políticas y prácticas ambientales más sostenibles.
