El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal de $ 488.569 millones antes de cubrir intereses de la deuda y $ 238.189 millones después de saldarlos, gracias al ajuste del gasto.
Los ingresos en junio alcanzaron los $8,2 billones, con una caída de 14,8% ajustado por inflación, marcando el peor registro del año en este rubro. Este derrumbe se atribuye principalmente al desplome de recaudación del IVA (-20,1%) y de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social (-9,5%), pero también en el Impuesto a las Ganancias (-15,8%), pasado ya el efecto al alza que en mayo produjo el vencimiento de las declaraciones juradas de las empresas que cerraron ejercicio en diciembre de 2023. Los derechos de exportación cayeron por primera vez en el año (-43,7%) dejando atrás el impacto positivo que venía teniendo, en la recaudación de retenciones, la devaluación y la recuperación post sequía.
Los gastos del SPN ascendieron a $7,7 billones, registrando una disminución real de 35,2% interanual, profundizando la caída con respecto a los tres meses anteriores. La reducción del gasto en junio se centró en obras de infraestructura (-74,4%), jubilaciones (-17,8%) y subsidios (-74,2%), que mostró su peor derrumbe del año.
¿Cómo se logra el superávit? Se postergan pagos energéticos, a Universidades y otros programas sociales.
Dentro de los subsidios, aquellos destinados al transporte caen 48,9% interanual, mientras que en el sector energético la caída es más profunda: de 81,2%, impactando en un fuerte aumento de tarifas. Pero, fundamentalmente, no se realizaron los pagos a CAMMESA correspondientes al mes de junio. Si en los meses de abril y mayo, el Gobierno Nacional tuvo que liberar fondos (en el marco del acuerdo con las generadoras) por un total de $1,46 billones (siendo $622 mil millones en abril y $844 mil millones en mayo), en el mes de junio sólo se desembolsaron $42 mil millones de pesos, reduciendo las transferencias en torno a $700 mil millones menos en este rubro respecto al promedio abril-mayo. El gobierno tomó la decisión de atrasar nuevamente los pagos en este rubro.
Las Universidades en el mes de mayo habían recibido por las actividades “Asistencia financiera para el pago de salarios del personal no docentes” y “Asistencia financiera para el pago de salarios del personal docente y autoridades superiores”, un total de $76 mil millones y $131 mil millones, totalizando $206 mil millones. En junio, se devengaron $120 mil millones y $204 mil millones, totalizando $324 mil millones, que, sin embargo, no se pagaron en el mes de junio.
Otros planes sociales: en este rubro se destinaron $497 mil millones en junio (47% menos en términos reales que un año atrás), que contrastan con los $708 mil millones pagados en mayo. En este rubro se incluyen diversos programas, como el ex Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar, el programa Acompañar, transferencias a comedores comunitarios y merenderos, por lo cual es difícil discernir qué partidas sufrieron recortes. Pero sí es posible mencionar que, en políticas alimentarias, en junio, se devengaron $159.000 millones que no fueron pagados, a lo que se suma el programa Hogar, que no tuvo cronograma de pago durante junio.
Si en junio se hubiesen destinado los mismos recursos que en mayo a CAMMESA, las Universidades y otros programas sociales, sumarían $1,2 billones adicionales. En ese caso, el Gobierno no hubiera tenido superávit sino déficit fiscal por $700.000 millones y un déficit financiero por $1 billón.
En lo que refiere a las provincias, las transferencias no automáticas se redujeron 72,2%, si bien algunas discrecionales repuntaron con respecto a mayo (de $3.500 millones a $17.400 millones). Este leve incremento se observa en rubros más discrecionales, quizás en el marco de las negociaciones con las provincias por la ley Bases y el “Pacto de Mayo”.
En los primeros seis meses de 2024, de cada $100 ajustados, la mitad lo explican los recortes en jubilaciones ($28,9) y obra pública ($21,9). Le siguen los subsidios, que aportaron $16,2, gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con $10,6 y prestaciones sociales con $9,7 entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros.
El gasto en intereses de deuda no se registra dentro de los gastos primarios, pero este mes fue de $250.380 millones, excediendo por ejemplo los recursos que se destinaron a la obra pública.
A pesar de la mayor exigencia en las metas del FMI (a junio, del superávit de $1.925.000 millones que estaba previsto subió a $4.600.000 millones), la meta luce cumplida, ya que, a junio, el superávit fiscal acumulado es de $954.000 millones.
Fuente: CEPA
