Un informe del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) advirtió sobre el fuerte incremento en el ingreso de productos usados y de corta vida útil a la Argentina luego de la flexibilización de los controles a las importaciones, una situación que, según la entidad, podría generar un importante impacto ambiental, sanitario y económico.
El documento sostiene que, desde fines de 2023 y con mayor intensidad durante 2025 y 2026, distintas medidas del Gobierno nacional reemplazaron diversos controles preventivos por sistemas de declaraciones juradas con el objetivo de agilizar el comercio exterior y reducir costos administrativos.
Sin embargo, el CPA afirma que esta desregulación facilita el ingreso de productos que, en muchos casos, terminan convirtiéndose rápidamente en residuos difíciles de gestionar, trasladando esa carga a municipios y provincias.
Creció de manera exponencial la importación de ropa usada
Uno de los datos que más llama la atención es el de la ropa usada. Según el informe, durante 2024 ingresaron al país unos 24.000 kilos de prendas, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 4,6 millones de kilos.
La organización sostiene que gran parte de esa mercadería llega desde Chile y advierte que muchas prendas no logran comercializarse debido a la baja demanda, por lo que terminan en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto.
Además del impacto sobre la industria textil nacional, el informe menciona riesgos sanitarios derivados del ingreso de prendas usadas sin procesos adecuados de higienización y el aumento de residuos textiles que contienen fibras sintéticas capaces de liberar microplásticos.
Preocupación por juguetes, cosméticos y pilas
El CPA también expresó preocupación por la flexibilización de los controles sobre juguetes importados.
Según el informe, al reducirse las certificaciones técnicas previas, podrían ingresar productos elaborados con materiales que contengan sustancias químicas potencialmente peligrosas, especialmente para los niños.
En el caso de los cosméticos, la entidad sostiene que la simplificación de los procedimientos de importación podría dificultar el cumplimiento efectivo de la legislación que prohíbe los microplásticos en productos de higiene personal.
Otro de los puntos señalados corresponde a las pilas y baterías, que pueden contener metales pesados como mercurio, cadmio o plomo. El documento advierte que la reducción de los controles previos incrementa el riesgo de ingreso de productos con mayor potencial contaminante.
Neumáticos y maquinaria usada
El informe también analiza el ingreso de neumáticos usados y maquinaria de segunda mano.
Respecto de los neumáticos, advierte que su disposición final representa un importante desafío ambiental debido a la dificultad para reciclarlos y al riesgo sanitario que generan cuando se acumulan al aire libre.
En cuanto a la maquinaria usada, el CPA cuestiona la ampliación del límite de antigüedad permitido para su importación, al considerar que equipos más antiguos suelen presentar menor eficiencia energética y mayores dificultades para su tratamiento una vez finalizada su vida útil.
Impacto sobre el reciclado y el empleo
El informe también advierte que la mayor disponibilidad de materiales importados afecta a la industria del reciclado y al trabajo de miles de recuperadores urbanos.
De acuerdo con datos citados por la entidad, la actividad del reciclado plástico trabaja actualmente con una importante capacidad ociosa y se registró una caída significativa en el volumen de material reciclado durante los últimos años.
La posición del Gobierno
Las medidas implementadas por el Gobierno nacional fueron presentadas oficialmente como parte de una política destinada a simplificar el comercio exterior, reducir costos para las empresas y eliminar trámites considerados burocráticos.
No obstante, organizaciones ambientales sostienen que la reducción de controles preventivos puede incrementar los riesgos para la salud pública y el ambiente si no existen mecanismos eficaces de fiscalización posteriores.
El debate continúa abierto entre quienes consideran que la desregulación favorece la competitividad económica y quienes advierten sobre la necesidad de mantener estándares ambientales y sanitarios que impidan que el país reciba productos que, en poco tiempo, se transformen en residuos de difícil tratamiento.
