Hace un par de semanas en San Jerónimo Sud, comenzaron a circular imágenes de contenido sexual de mujeres jóvenes tanto de la localidad como algunas otras de la zona.
En su momento se presumía que alguien había manipulado contenidos pornográficos a los que agregaba los rostros de habitantes del pueblo y se canalizaron por algunas redes de comunicación. Pero no había elementos presentados ni en comisaría ni en fiscalía para avanzar con una pesquisa, hasta que la noticia fue publicada en un diario rosarino (La Capital) y una mujer de esa localidad del sur santafesino se presenta en la comisaría y expresó que se sentía perjudicada a nivel personal porque varias personas le habían dicho que las fotos que ya eran motivo de las murmuraciones del pueblo circulaban en la red social Telegram asociadas a su línea telefónica móvil.Afirmó estar desconcertada ante la reiteración de planteos que le parecían incomprensibles y que quería saber de dónde provenía todo aquello.
A partir de allí, la comisaría comunicó a la fiscalía de San Lorenzo lo denunciado. Había un legajo con una decena de mujeres que hablaban de contenidos “porno” que las afectaban, pero ninguna autoridad tenía el menor indicio para buscar algo ni mucho menos imágenes de lo que aludían. Sobre todo, cuando el delito supuesto es de instancia privada, es decir, requiere que la víctima pida su investigación, que no se puede hacer de oficio, como por ejemplo un delito contra la propiedad. Pero el planteo de la mujer sería la punta de un hilo.
Desde la fiscalía a cargo de Aquiles Balbis se centraron en el relato de la denunciante, averiguaron quien era y no surgió nada anormal. Pero cuando examinaron a su pareja, un hombre de 49 años, encontraron un dato por demás de llamativo: había tenido un único antecedente penal, que terminó en el archivo, por distribución y circulación de material pornográfico, a raíz de una denuncia de la entidad civil Missing Children. No había ninguna carga imputativa pero resultaba sorpresivo y sugerente. Por eso se ordenó un allanamiento a su casa de San Jerónimo Sud y se llevaron seis teléfonos celulares, dos pendrives, una notebook 29 CDs y DVDs, una cámara fotográfica y cinco archivos de memoria. Todos esos soportes serán peritados en estos días en la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Missing Children llegó al hombre bajo sospecha, marido de la denunciante, a partir de una dirección IP, que es el número exclusivo que identifica a dispositivos informáticos: cualquier computadora, laptop o teléfono inteligente conectada a la red y que permite llegar a esos aparatos.Con ello llegaron a este vecino pero en su defensa, entre otros argumentos, alegó que la red de wifi, que era de una verdulería contigua a su casa, era usada por una cantidad indeterminada de personas lo que volvía imposible probar quién había bajado esos contenidos. Eso obligó a cerrar el legajo por falta de evidencia.
Las mujeres denunciantes señalaron en la fiscalía que entraban a Telegram y veían contenido pornográfico con sus rostros. Ahora se deberá establecer si los contenidos son verdaderos o falsos, que es un problema no de curiosidad sino de índole penal. Si hubo un montaje no hay delito penal aunque se puede dar lugar a una acción civil por el resarcimiento o reparación que puede caber. Otra cosa es si alguien se apoderó indebidamente de contenidos auténticos que las víctimas pudieron haber registrado y los puso a circular a manera de escarnio; esto sí es perseguible penalmente siempre y cuando la víctima impulse la acción.
Finalmente, la situación planteada hace diez días atrás, cambió cuando una vecina se presentó y contó que le señalaban que los contenidos se viralizaban desde su teléfono. En la actualidad hay una pesquisa abierta, material abundante a peritar y de allí se establecerá lo que pasó y si hay un responsable.
