Vivimos en una época en la que la información circula de manera permanente, las redes sociales compiten por captar nuestra mirada y los algoritmos seleccionan buena parte de los contenidos que aparecen en nuestras pantallas. En ese escenario, la disputa ya no se limita al control de los recursos económicos, los territorios o los datos: también involucra la atención, la construcción de sentido y la capacidad de las personas para formar sus propias ideas.
Para comprender este fenómeno es necesario recuperar una reflexión del economista y científico social Herbert A. Simon, publicada en 1971, y vincularla con las ideas sobre soberanía de Thomas Hobbes y Carl Schmitt. Ese recorrido permite llegar a una cuestión cada vez más relevante en el debate digital: la soberanía cognitiva y la tensión que plantea entre la protección de las personas, la libertad de expresión y el poder de decidir qué contenidos deben circular y cuáles deben limitarse.
Herbert Simon y el problema de la abundancia de información
En su ensayo Designing Organizations for an Information-Rich World —Diseñando organizaciones para un mundo rico en información—, publicado en 1971, Herbert Simon planteó una idea que hoy permite interpretar buena parte de la economía digital.
Su argumento puede resumirse en una frase: “Una riqueza de información crea una pobreza de atención”. Simon sostenía que la información consume el tiempo y la capacidad de concentración de quienes la reciben. Por eso, cuando aumenta la cantidad de mensajes disponibles, la atención se convierte en un recurso cada vez más escaso. <Cite refs={[“turn390151search36″,”turn390151search0”]}/>
Décadas antes de la expansión de internet, las redes sociales y los teléfonos inteligentes, Simon ya identificaba un problema que hoy atraviesa la vida cotidiana: no alcanza con producir más información, porque la capacidad humana para procesarla sigue siendo limitada.
La economía de la atención parte de esa premisa. En un entorno donde millones de publicaciones, videos, noticias y anuncios compiten por el tiempo de las personas, captar la atención adquiere un valor económico. Las plataformas digitales buscan que los usuarios permanezcan conectados, interactúen con los contenidos y regresen una y otra vez.
En ese contexto, la atención no es solamente una capacidad individual: también se convierte en un recurso que puede ser comercializado, medido y disputado.
La cuestión central, entonces, no es únicamente cuánta información existe, sino quién consigue que prestemos atención a determinados asuntos, qué temas quedan relegados y cómo se organiza nuestra percepción de la realidad.
Hobbes, Schmitt y la pregunta por quién decide
Para avanzar en esta discusión, es útil recuperar dos pensadores fundamentales de la teoría política: Thomas Hobbes y Carl Schmitt.
En Leviatán, publicado en 1651, Hobbes defendió la necesidad de una autoridad soberana capaz de garantizar el orden y evitar que los conflictos permanentes destruyeran la convivencia social. En su planteo, la soberanía se relaciona con la existencia de un poder común que pueda tomar decisiones vinculantes para la comunidad.
Siglos después, Carl Schmitt retomó y reformuló el problema. En Teología política, de 1922, formuló su conocida definición: soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Su reflexión se concentra en quién tiene la autoridad efectiva para determinar cuándo una situación es extraordinaria y qué decisiones corresponden frente a ella. <Cite refs={[“turn785951search0″,”turn785951search2”]}/>
Trasladada con cautela al escenario digital, esta pregunta adquiere una nueva dimensión.
Cuando una plataforma elimina una publicación, un Estado ordena bloquear un contenido, un algoritmo reduce la visibilidad de una noticia o una autoridad determina que cierta información constituye un riesgo, no solo se está discutiendo sobre una pieza de contenido. También se está ejerciendo poder sobre las condiciones en las que una sociedad accede a la información y debate sobre sus problemas.
La analogía no significa que moderar una publicación sea equivalente a declarar un estado de excepción. Se trata de reconocer una pregunta común sobre el poder: ¿quién decide, con qué autoridad, bajo qué criterios y con qué límites?
La soberanía cognitiva: una nueva dimensión en disputa
La soberanía cognitiva puede entenderse como la capacidad de las personas y las comunidades para preservar su autonomía intelectual: acceder a información diversa, desarrollar pensamiento crítico, formar opiniones propias y participar en la construcción de los sentidos compartidos sin quedar sometidas a mecanismos opacos de manipulación o condicionamiento.
No existe una única definición jurídica universalmente aceptada del concepto. Aquí se utiliza como una herramienta para pensar los desafíos políticos, sociales y tecnológicos de la era digital.
La discusión se relaciona con la soberanía digital, pero no es exactamente lo mismo. La soberanía digital suele poner el foco en quién controla la infraestructura tecnológica, los datos, las plataformas y los sistemas digitales. La soberanía cognitiva apunta, además, a una cuestión más profunda: cómo esas tecnologías pueden influir en lo que las personas conocen, en los temas que consideran importantes y en la manera en que construyen sus opiniones.
Un país puede tener instituciones democráticas y, sin embargo, depender de plataformas privadas extranjeras para buena parte de la circulación de su información. Del mismo modo, una persona puede tener formalmente libertad para expresarse, pero desenvolverse en un entorno donde los sistemas de recomendación condicionan qué mensajes alcanza a ver y cuáles permanecen prácticamente invisibles.
Esto no significa que los algoritmos determinen automáticamente lo que pensamos. Las personas conservan capacidad de decisión y pueden cuestionar los mensajes que reciben. Sin embargo, la selección, el orden y la repetición de los contenidos influyen en las condiciones en las que se forma la opinión pública.
La disputa por la soberanía cognitiva consiste, en parte, en preguntarse si contamos con herramientas suficientes para comprender esas influencias y decidir por nosotros mismos.
El problema de proteger sin controlar el pensamiento
Aquí aparece una de las tensiones más delicadas del debate: ¿cómo proteger a las personas de la manipulación, la desinformación, las estafas, el hostigamiento y otros daños sin convertir esa protección en una herramienta para restringir opiniones legítimas?
Por un lado, existe la necesidad de establecer mecanismos frente a contenidos que producen daños concretos. Por otro, la libertad de expresión protege también la posibilidad de cuestionar al poder, sostener ideas impopulares, debatir interpretaciones de la realidad y denunciar injusticias.
El problema surge cuando la búsqueda de un entorno informativo más seguro abre la puerta a decisiones arbitrarias sobre qué se puede decir y qué no.
Si un gobierno tiene la facultad de definir unilateralmente qué información es verdadera, peligrosa o aceptable, esa atribución puede utilizarse para perseguir críticas o silenciar disidencias. Pero si las plataformas privadas concentran la capacidad de establecer las reglas de circulación, también pueden tomar decisiones que afecten el debate público sin suficiente transparencia ni mecanismos efectivos de revisión.
Por eso, la discusión no debería reducirse a elegir entre permitir absolutamente todo o habilitar un control generalizado de los contenidos. Es necesario distinguir entre las expresiones protegidas, las conductas que provocan daños concretos y las situaciones en las que existen fundamentos legales suficientes para establecer restricciones.
También importa quién adopta las decisiones, qué evidencia las respalda, si las reglas se aplican de manera consistente y si las personas afectadas pueden apelar.
La libertad de expresión no elimina toda responsabilidad por lo que se publica, pero tampoco permite justificar cualquier restricción invocando la protección de la sociedad.
¿Quién define qué hay que proteger y qué no?
Esta es, probablemente, la pregunta central de la soberanía cognitiva.
¿Debe decidir el Estado? ¿Las empresas tecnológicas que administran las plataformas? ¿Los organismos especializados? ¿Los medios de comunicación? ¿Los jueces? ¿La propia ciudadanía?
Cada alternativa presenta dificultades. Los gobiernos cuentan con legitimidad institucional para establecer normas dentro de los límites constitucionales, pero pueden tener intereses políticos propios. Las plataformas poseen conocimientos técnicos para administrar sus servicios, aunque también responden a intereses comerciales. Los organismos especializados pueden aportar criterios profesionales, pero sus decisiones necesitan controles y mecanismos de rendición de cuentas.
No existe una solución que elimine todos los riesgos. Sin embargo, hay principios que permiten orientar la discusión: reglas públicas y comprensibles, criterios proporcionales al daño que se busca evitar, transparencia sobre las decisiones, revisión independiente y garantías para impugnar medidas arbitrarias.
También resulta fundamental distinguir entre moderar contenidos dentro de un servicio privado y prohibir legalmente una expresión. Aunque ambas decisiones pueden afectar la circulación de información, tienen consecuencias, fundamentos y obligaciones diferentes.
La pregunta por quién decide no puede separarse de otra igualmente importante: ¿quién controla a quienes tienen el poder de decidir?
Una política que busca proteger la autonomía de las personas debería evitar que esa protección termine concentrando en una sola autoridad la capacidad de definir la verdad, el riesgo y los límites del debate.
De la economía de la atención a la autonomía de las ideas
La reflexión de Herbert Simon permite comprender por qué la atención se convirtió en un recurso estratégico. Hobbes y Schmitt, desde tradiciones y contextos diferentes, ayudan a examinar el problema de la autoridad y de quién tiene la capacidad efectiva de tomar decisiones.
La soberanía cognitiva reúne esas preocupaciones en una cuestión contemporánea: cómo preservar la capacidad de las personas para comprender el mundo, formar sus propias opiniones y participar libremente en la vida pública en un entorno informativo cada vez más mediado por tecnologías y sistemas de selección.
El desafío no consiste solamente en conseguir que circule más información, sino en garantizar condiciones para acceder a fuentes diversas, contrastar datos, cuestionar los mensajes recibidos y reconocer los mecanismos que influyen sobre nuestra atención.
En definitiva, la discusión sobre la soberanía cognitiva no se limita a quién controla las plataformas o los datos. También plantea quién tiene el poder de organizar la conversación pública y dónde deben establecerse los límites de ese poder.
Porque, en una sociedad saturada de información, proteger la autonomía de las personas exige algo más que garantizar el acceso a los contenidos: requiere preservar su capacidad de pensar, disentir y decidir por sí mismas.
