Miles de vecinos, asambleas ambientales, viñateros y organizaciones sociales confluyeron en una caravana y movilizaciones que recorrieron la provincia para expresar su rechazo al proyecto minero conocido como San Jorge —rebautizado recientemente como PSJ Cobre Mendocino— y para exigir la protección del recurso hídrico, considerado clave para la economía y la supervivencia de Mendoza. La “Gesta Libertadora por el Agua” partió desde Uspallata y se dirigió hacia la Legislatura provincial en la antesala de la votación sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilitaría el emprendimiento.
Los manifestantes señalan que la actividad minera pone en riesgo las cuencas que alimentan al río Mendoza y a los sistemas de acequias que sostienen la vitivinicultura y la agricultura regional. Denuncian, además, que el informe de impacto ambiental que acompaña al proyecto presenta “deficiencias” y falta de datos actualizados sobre recursos hídricos, biodiversidad y patrimonio, argumentos que también fueron recogidos por instituciones científicas y técnicas. Ese clima de desconfianza aumentó cuando el proyecto recibió media sanción en la Cámara de Diputados provincial y avanzó hacia el Senado.
Desde el arco político y el Poder Ejecutivo nacional hubo señales de apoyo a la iniciativa minera; esos respaldos político-económicos profundizaron la polarización. Las columnas que marcharon incluían desde vecinos de Uspallata y el Valle de Uco hasta contratistas de viña y organizaciones rurales que advierten sobre la fragilidad hídrica de la provincia tras años de sequía. Para los ambientalistas, se trata de defender no sólo la calidad del agua frente a eventuales pasivos mineros y químicos, sino también la disponibilidad de agua dulce en un territorio que enfrenta estrés hídrico crónico.
A la par de las manifestaciones de calle, varios colectivos técnicos y académicos —incluido personal vinculado a CONICET y a la Universidad Nacional de Cuyo, según coberturas locales— cuestionaron la metodología y las lagunas del estudio ambiental presentado por la empresa. Los informes críticos señalan la ausencia de líneas de base completas y la falta de estudios suficientes sobre el comportamiento del agua subterránea y superficial en caso de explotación, advertencias que los vecinos tomaron como evidencia de que no existe “licencia social” ni garantías científicas para avanzar.
Impacto económico y social
La discusión trasciende lo ambiental: la defensa del agua se presentó como una cuestión económica estratégica. Mendoza depende de sus cultivos irrigados (especialmente viñedos) y del turismo vinculado al paisaje andino; por eso productores y trabajadores participaron activamente en las marchas, subrayando que sin agua no hay vendimia ni trabajo en el territorio. Al mismo tiempo, organizaciones sociales alertan sobre la posibilidad de que la aprobación de marcos regulatorios favorables a la megaminería abra la puerta a emprendimientos similares en otras áreas sensibles.
Qué pasó en la Legislatura y qué sigue
La Cámara de Diputados otorgó media sanción a varios proyectos vinculados a minería y a mecanismos que facilitan inversiones (entre ellos la DIA de PSJ), lo que empujó la protesta masiva para intentar frenar la votación definitiva en el Senado. En la antesala de la sesión, la provincia montó un operativo de seguridad y se vivieron tensiones entre manifestantes y fuerzas en distintos puntos del recorrido. Para los organizadores, la movilización busca presionar a los legisladores a proteger el agua como bien común; para el oficialismo, el proyecto representa una “oportunidad de inversión y desarrollo”. El resultado final en el Senado definirá el rumbo inmediato y, de prosperar la habilitación, es esperable que la controversia continúe tanto en tribunales como en la calle.
La puja por el agua en Mendoza combina factores ambientales, técnicos, económicos y políticos. Mientras las acequias históricas y el deshielo andino siguen siendo el soporte de la provincia, la discusión actual dejó en evidencia una fragmentación del consenso social y una exigencia clara: mayor transparencia científica, participación ciudadana real y garantías sobre la protección de los recursos hídricos antes de aprobar proyectos que puedan tener impactos irreversibles. Los próximos días en la Legislatura y la respuesta institucional a las críticas técnicas serán determinantes para definir si la movilización se transforma en cambio legislativo o en una nueva etapa de conflicto sostenido.
