La Justicia de Entre Ríos dictó un fallo de gran impacto en materia ambiental y sanitaria al ordenar la ampliación de las distancias mínimas para la aplicación de agroquímicos en cercanías de viviendas y urbanizaciones rurales. La resolución fue emitida por la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná y alcanza a las localidades de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, en el departamento Diamante.
La decisión judicial establece el cese inmediato de fumigaciones terrestres y aéreas en las inmediaciones de áreas pobladas y fija nuevas zonas de resguardo: 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas. Hasta el momento, la legislación provincial permitía pulverizaciones a distancias considerablemente menores, con un mínimo de 150 metros para aplicaciones terrestres y 500 metros para las aéreas en determinados sectores.
La resolución surge a partir de dos acciones de amparo impulsadas por vecinos de la zona que denunciaron posibles riesgos para la salud y el ambiente derivados de las fumigaciones. En su fallo, la jueza María Fernanda Miotti fundamentó la medida en la necesidad de garantizar una protección prioritaria a la salud humana y al ambiente, ambos considerados derechos de máxima jerarquía constitucional.
Durante el proceso judicial se incorporaron informes médicos, científicos y ambientales que alertaron sobre los posibles efectos de la exposición a agroquímicos. Entre las pruebas analizadas se incluyeron estudios que vinculan la exposición prolongada a estos productos con enfermedades respiratorias, trastornos neurológicos, alteraciones endocrinas y distintos tipos de cáncer. También se presentaron análisis ambientales que detectaron residuos de herbicidas y otros biocidas en cursos de agua cercanos a las zonas involucradas.
Si bien la magistrada no declaró inconstitucional la ley provincial vigente, exhortó al Estado entrerriano a reforzar los mecanismos de control, monitoreo y fiscalización para garantizar una mayor protección sanitaria y ambiental.
La decisión generó repercusiones inmediatas en distintos sectores. Mientras organizaciones ambientales y vecinos celebraron el fallo como un avance en la protección de la salud pública, representantes del sector agropecuario manifestaron preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre la producción y las inversiones en la provincia.
El caso abre un nuevo capítulo en el debate sobre la convivencia entre producción agropecuaria, salud pública y protección ambiental, una discusión que continúa creciendo en distintas regiones del país donde las zonas urbanas y rurales conviven cada vez más cerca.
