En julio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal de $908.253 millones antes de cubrir intereses de la deuda. Sin embargo, al afrontarlos por $1.509.210 millones, el resultado financiero fue por primera vez en el año deficitario por $600.957 millones.
Los ingresos en junio alcanzaron los $9,3 billones, con una caída de 4,9% ajustado por inflación. Esta disminución se atribuye principalmente al desplome de recaudación del IVA (-11,6%) y de los Aportes y contribuciones a la Seguridad Social (-8,2%), pero también en el Impuesto a las Ganancias (-25,6%), ya que aún no se refleja en la recaudación la reinstauración de la cuarta categoría por la demora en la reglamentación de la Ley Bases. También disminuyeron los Derechos de Importación (-13,3%) y el Impuesto a los débitos y créditos (-5,7%). Estas caídas fueron parcialmente compensadas por el incremento en la recaudación de Derechos de exportación (+150,1%) y de impuesto PAIS (+193,2%). La importancia de este tributo sobre el total de la recaudación siembra dudas sobre la sostenibilidad del superávit en caso de bajarlo en septiembre (retrotrayendo la alícuota de 7,5% que el gobierno actual elevó a 17,5%) y eliminarlo a fin de año.
Los gastos del SPN ascendieron a $8,4 billones, registrando una disminución real de 23,6% interanual (la menor del año). La reducción del gasto en junio se centró en obras de infraestructura (-79,1%), jubilaciones (-15,0%) y gastos de funcionamiento (-23,4%).
El ajuste en subsidios (-15,3%) se atenuó respecto de junio (-74,2%) explicado centralmente porque se retomaron los pagos a CAMMESA. Asimismo, se retomaron las transferencias a las universidades, pero con una reducción de 20,2% respecto a julio de 2023.
En lo que refiere a las provincias, las transferencias no automáticas se redujeron 76,5%, principalmente por la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la PBA, la suspensión del pago del FONID y de los recursos para seguridad social para aquellas provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a ANSES.
En los primeros siete meses de 2024, de cada $100 ajustados, la mitad lo explican los recortes en jubilaciones ($27,7) y obra pública ($22,6). Le siguen los subsidios, que aportaron $15,2, gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con $11,6 y prestaciones sociales con $9,5 entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros.
El gasto en intereses de deuda no se registra dentro de los gastos primarios, pero este mes fue de $1.509.210 millones, representando 7 veces y media lo que se destinó a obra pública o el equivalente a 4 veces lo que se transfirió a las universidades.
A pesar de la mayor exigencia en las metas del FMI, la meta fiscal a septiembre luce cumplible, ya que, a julio se ubica apenas por encima de la meta ($167 mil millones), por lo cual podría incluso tener un leve déficit en agosto y septiembre y aún así cumplirla.
Fuente: CEPA
