Un nuevo estudio realizado por investigadores de universidades públicas de la Región Centro volvió a poner bajo la lupa un problema que desde hace años genera preocupación en numerosas localidades agrícolas de Santa Fe: la relación entre el ambiente, las actividades productivas y la salud de las poblaciones que viven rodeadas de campos.
La investigación analizó 2.415 muertes por cáncer de personas de entre 0 y 19 años, ocurridas entre 2000 y 2019 en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Los investigadores detectaron una zona del sur santafesino y sudoeste entrerriano donde el riesgo de morir por cáncer antes de los 20 años fue un 32% superior al esperado.
El área identificada comprende los departamentos santafesinos de Belgrano, Caseros, Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo, además del departamento Victoria, en Entre Ríos.
El trabajo estudió principalmente la exposición de la población a concentraciones elevadas de arsénico en el agua para consumo humano. Pero también incorporó otro indicador: la intensidad de la actividad agrícola de cada departamento, utilizando la cantidad de hectáreas sembradas por habitante como una medida indirecta de la posible exposición a agroquímicos.
Los propios autores advierten que este estudio no permite establecer una relación causal entre los factores analizados y las muertes por cáncer. Una de las hipótesis plantea incluso que podría existir un efecto combinado entre la exposición al arsénico y la relacionada con la actividad agrícola.
Y aquí aparece una cuestión fundamental: este trabajo no debe ser utilizado para afirmar que los agroquímicos provocaron esas muertes. Pero tampoco puede analizarse como si fuera el único estudio disponible sobre el tema.
Santa Fe ya tiene investigaciones sobre cáncer y fumigaciones
Uno de los antecedentes científicos más importantes realizados en la provincia fue publicado en 2023 en la revista internacional Clinical Epidemiology and Global Health.
El estudio, realizado por investigadores del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, analizó ocho localidades rurales santafesinas rodeadas por campos tratados con plaguicidas.
Fueron estudiadas 27.644 personas, aproximadamente el 68% de la población total de esas localidades: Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes y Villa Eloísa.
Los resultados fueron contundentes en términos epidemiológicos.
La incidencia de cáncer en las ocho localidades fue 37% superior a la registrada en la población general argentina.
Pero uno de los datos que más llamó la atención apareció entre las personas de 15 a 44 años: la tasa de mortalidad por cáncer fue aproximadamente 2,5 veces mayor en mujeres y 2,8 veces mayor en hombres respecto de la población general utilizada como comparación.
El trabajo concluyó que vivir en pequeñas localidades rurales cercanas a zonas donde se aplican plaguicidas estaba asociado con resultados negativos en materia de cáncer y planteó la necesidad de políticas destinadas a reducir la exposición, especialmente alrededor de las poblaciones urbanas pequeñas.
Entre esas localidades se encuentra Sastre, una comunidad santafesina de la región.
Los investigadores, sin embargo, también señalaron una limitación importante: debido a la gran cantidad de principios activos y formulaciones utilizadas, resulta difícil atribuir molecularmente una enfermedad determinada a un único producto químico. Esto no elimina la señal epidemiológica encontrada ni la necesidad de aplicar medidas preventivas.
La evidencia internacional tampoco empezó ayer
La discusión tampoco se limita a Santa Fe.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, evaluó durante décadas distintos pesticidas y exposiciones ocupacionales.
En 2015, la IARC clasificó al glifosato como “probablemente carcinogénico para los seres humanos” (Grupo 2A), basándose en evidencia limitada en humanos, evidencia suficiente en animales de experimentación y evidencia mecanística relacionada con procesos como genotoxicidad y estrés oxidativo.
Es importante aclarar qué significa esa clasificación: “probablemente carcinogénico” no significa que toda persona expuesta vaya necesariamente a desarrollar cáncer, ni que cada caso de cáncer pueda atribuirse al glifosato. Es una clasificación del peligro carcinogénico de la sustancia.
Además del glifosato, distintos pesticidas han sido estudiados durante décadas por su potencial cancerígeno.
Una revisión sistemática y metaanálisis de la IARC reunió información proveniente de 44 trabajos epidemiológicos, analizando 21 grupos químicos de pesticidas y 80 principios activos. Encontró asociaciones positivas entre el linfoma no Hodgkin y determinados grupos de plaguicidas, entre ellos herbicidas fenoxi, insecticidas carbamatos, insecticidas organofosforados y lindano. También encontró asociaciones entre algunos subtipos de linfoma y la exposición a determinados productos, incluido el glifosato.
Otra investigación internacional, que reunió datos de 10 estudios caso-control con más de 18.000 participantes, encontró asociaciones entre algunos herbicidas y determinados subtipos de linfoma, aunque no halló un aumento sustancial del riesgo para todos los casos de linfoma no Hodgkin considerados en conjunto.
Esto demuestra por qué hablar simplemente de “los agroquímicos” como si fueran una única sustancia resulta científicamente incorrecto. Son cientos de productos diferentes, con principios activos y mecanismos de acción distintos.
Una señal particularmente importante llegó desde la propia provincia
En 2025, investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y CONICET, junto con profesionales del Hospital José María Cullen y otras instituciones, publicaron un estudio sobre cáncer de mama y exposición ambiental en mujeres de la provincia de Santa Fe.
La investigación incluyó 90 mujeres y analizó, entre otros factores, la cercanía de sus viviendas a campos agrícolas y la presencia de glifosato en muestras de orina.
El glifosato fue detectado en 86,1% de las muestras analizadas.
Pero el dato más llamativo fue otro: las mujeres que vivían cerca de campos agrícolas presentaron una asociación estadística con un mayor riesgo de cáncer de mama, con un odds ratio de 7,38. Los investigadores aclaran que la concentración urinaria de glifosato por sí sola no mostró diferencias significativas entre los grupos de mujeres con y sin cáncer.
Por eso, los autores no concluyeron que el glifosato fuera directamente responsable de esos casos. Plantearon que la cercanía a las áreas agrícolas podría representar una exposición a agroquímicos en general y a otros factores ambientales, y señalaron la necesidad de realizar investigaciones más amplias.
También se están encontrando señales de daño biológico
Otro trabajo recientemente publicado, que estudió poblaciones rurales de Santa Fe, analizó directamente residuos de pesticidas y marcadores biológicos relacionados con daño celular.
Los investigadores detectaron residuos de pesticidas en 62% de las muestras de sangre de los participantes rurales. También encontraron glifosato y AMPA en muestras de suelo de las localidades estudiadas y observaron aumentos en biomarcadores relacionados con estrés oxidativo y daño genotóxico en comparación con una población urbana utilizada como control.
Este tipo de investigaciones resulta especialmente relevante porque permite pasar de la discusión exclusivamente epidemiológica a estudiar qué ocurre biológicamente en organismos expuestos.
También existen trabajos realizados en comunidades agrícolas argentinas que encontraron mayor daño en el material genético de niños que viven cerca de campos tratados con pesticidas, otro indicador que merece atención desde el punto de vista de la salud ambiental.
¿Entonces los agroquímicos causan cáncer?
La respuesta científica es más compleja que un simple sí o no.
Algunos pesticidas están clasificados como carcinógenos o probablemente carcinógenos, y existe evidencia epidemiológica que relaciona determinadas exposiciones ocupacionales y ambientales con distintos tipos de cáncer.
Pero eso no significa que todos los agroquímicos sean cancerígenos, ni que cada persona que vive cerca de un campo vaya a desarrollar cáncer.
El riesgo depende del producto utilizado, la dosis, la frecuencia y duración de la exposición, la vía de ingreso al organismo, las mezclas de sustancias, las condiciones meteorológicas, las distancias a las viviendas, las medidas de protección y otros factores ambientales y personales.
Por eso, afirmar que “no existe evidencia” sería incorrecto. Pero también sería científicamente incorrecto afirmar que cada caso de cáncer registrado en una localidad agrícola fue provocado por una fumigación determinada.
La evidencia disponible permite decir algo más preciso: la exposición a determinados plaguicidas constituye un problema de salud pública que merece prevención, vigilancia epidemiológica y reducción de la exposición, especialmente cuando las aplicaciones se realizan en las cercanías de viviendas, escuelas y poblaciones.
El debate que Santa Fe no puede seguir postergando
Los nuevos datos sobre mortalidad por cáncer infantil en el sur de Santa Fe se suman así a un conjunto mucho más amplio de investigaciones.
No se trata de un único estudio.
Está la investigación regional sobre las 2.415 muertes por cáncer en menores de 20 años; está el estudio santafesino de 27.644 habitantes de ocho localidades rurales; están las investigaciones de la UNL-CONICET que detectaron glifosato en muestras de habitantes de la provincia y una asociación entre vivir cerca de campos agrícolas y cáncer de mama; están los estudios internacionales de la IARC y otros grupos científicos que analizaron décadas de evidencia sobre pesticidas y cáncer.
El desafío, entonces, no debería ser esperar indefinidamente a que aparezca “el estudio definitivo” que explique cada caso individual.
El desafío debería ser reducir las exposiciones evitables mientras se continúa investigando, mejorar los controles, fortalecer los registros de cáncer, monitorear agua, suelo y aire, controlar las aplicaciones periurbanas y garantizar que las poblaciones rurales tengan información y herramientas para proteger su salud.
Porque cuando hablamos de agroquímicos no estamos hablando solamente de una discusión entre productores y ambientalistas.
Estamos hablando del agua que se consume, del aire que se respira, del suelo donde se produce alimento y, fundamentalmente, de la salud de quienes viven en los pueblos y trabajan en los campos de Santa Fe.
