Australia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley que prohíbe que los menores de 16 años utilicen redes sociales, en una medida que busca proteger la salud mental y la seguridad de los más jóvenes en entornos digitales cada vez más complejos. La normativa, que entrará en vigencia el 10 de diciembre de 2025, obliga a plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Snapchat y X a impedir que usuarios menores mantengan o creen cuentas, bajo pena de multas millonarias.
El gobierno explicó que la decisión se basa en un creciente volumen de estudios que muestran cómo el uso intensivo de redes sociales afecta el desarrollo emocional, la autoestima y la regulación del estrés en niños y adolescentes. También se mencionan riesgos como cyberbullying, exposición a contenido inapropiado, manipulación algorítmica y adicción a pantallas. Las autoridades remarcaron que esta ley coloca la responsabilidad sobre las empresas tecnológicas, que deberán aplicar sistemas de verificación de edad y controlar los perfiles registrados, sin sanciones directas hacia los menores o sus familias.
La implementación será un desafío para las compañías, que han expresado dudas técnicas sobre cómo realizar verificaciones de edad a gran escala sin invadir la privacidad. Sin embargo, el gobierno insiste en que las plataformas deben “tomar medidas razonables” para cumplir, adaptando sus sistemas y aplicando controles eficientes. En paralelo, algunos especialistas advierten que la prohibición podría empujar a los adolescentes a migrar hacia aplicaciones no reguladas o más difíciles de monitorear, lo que abriría nuevas ventanas de riesgo.
Mientras tanto, el debate crece en todo el país: organizaciones de padres celebran la medida como un alivio frente a la presión digital que enfrentan los jóvenes, mientras que otros sectores cuestionan posibles impactos sobre la libertad de expresión y el acceso a herramientas creativas y educativas. Con esta ley, Australia inicia un experimento sin precedentes que ya despierta la atención de gobiernos de todo el mundo, que observan de cerca si esta decisión podrá realmente hacer el entorno digital más seguro para las nuevas generaciones.
