La explotación de arena silícea en la zona de Ibicuy, al sur de la provincia de Entre Ríos, volvió a quedar en el centro del debate tras nuevas denuncias de productores rurales, ambientalistas y abogados que advierten sobre presuntos daños ambientales provocados por la actividad minera destinada a abastecer la industria petrolera de Vaca Muerta.
La arena extraída en los médanos del delta del Paraná es considerada un recurso estratégico para la técnica de fractura hidráulica o fracking utilizada en la explotación de hidrocarburos no convencionales. Según especialistas, cada pozo petrolero puede requerir entre 10.000 y 15.000 toneladas de arena silícea de alta pureza.
Uno de los principales denunciantes es el productor agropecuario Carlos Cadoppi Frigerio, quien sostiene que la extracción está modificando de manera irreversible un ecosistema formado hace más de 4.500 años. Según explicó, las empresas realizan excavaciones de entre cuatro y diez metros de profundidad, alterando la geografía natural de los humedales y eliminando médanos que históricamente cumplían funciones ecológicas fundamentales.
A las preocupaciones por la remoción de grandes volúmenes de suelo se suma el uso intensivo de agua subterránea necesaria para el lavado de la arena antes de su traslado. De acuerdo con las denuncias judiciales presentadas, algunas plantas de procesamiento consumirían millones de litros de agua por hora, una cifra que supera ampliamente el volumen utilizado para el abastecimiento de la población local.
El abogado Ricardo Luciano, representante legal en varias de las causas iniciadas desde 2020, aseguró que existen irregularidades en los controles ambientales y cuestionó la falta de estudios hidrogeológicos previos exigidos por la legislación provincial. Además, señaló que la actividad podría estar impactando en la calidad de las aguas subterráneas de la región.
Las denuncias derivaron en diversas acciones judiciales y administrativas. En 2022 fueron clausuradas varias areneras y plantas de lavado, aunque algunas posteriormente retomaron sus actividades. Actualmente existe una causa en la Justicia Federal que involucra a empresarios, ex funcionarios y funcionarios provinciales y municipales, mientras continúan las investigaciones sobre posibles incumplimientos ambientales.
Por su parte, desde la empresa Cristamine S.A., una de las principales operadoras de la zona, rechazaron las acusaciones. La firma aseguró que utiliza sistemas de recirculación de agua, que no emplea productos químicos en el lavado de la arena y que realiza monitoreos ambientales periódicos presentados ante las autoridades competentes. También indicaron que las excavaciones son de baja profundidad y que cumplen con las exigencias establecidas por los organismos de control.
La situación refleja el creciente debate entre la necesidad de abastecer a una de las principales actividades productivas del país, como es el desarrollo de Vaca Muerta, y la protección de ecosistemas sensibles como los humedales del delta entrerriano. Mientras avanzan las investigaciones judiciales, organizaciones ambientales y vecinos continúan reclamando mayores controles y estudios que permitan determinar el verdadero impacto de la actividad minera en la región.
Fuente: economiasustentable.com
