Un informe sobre el financiamiento de las universidades nacionales advierte que el proyecto de Presupuesto 2027 mantiene los recursos destinados a la educación superior muy por debajo de los niveles de 2023. También señala una pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, y sostiene que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario permitiría contar con fondos significativamente mayores.
De acuerdo con el análisis, el presupuesto del Programa 26, denominado “Desarrollo de la Educación Superior”, registró una fuerte reducción durante la gestión de La Libertad Avanza. Aunque la propuesta presupuestaria para 2027 contempla una mejora real del 1,2% respecto del crédito vigente para 2026, los recursos continuarían un 21,1% por debajo de los valores de 2023, una vez ajustados por inflación.
El informe advierte que esa recuperación limitada no alcanzaría para revertir el recorte acumulado sobre el sistema universitario público.
La Ley de Financiamiento Universitario, en el centro de la disputa
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre y ratificada por el Congreso el 2 de octubre de ese año.
Según el documento, el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025 y posteriormente, el 18 de febrero de 2026, envió al Congreso un proyecto para modificarla. El informe sostiene que la iniciativa no había llegado a tratarse en comisión y señala que la Justicia había ordenado aplicar la norma el 23 de diciembre de 2025.
El estudio calcula que, si se hubiera aplicado la ley ratificada por el Congreso, el presupuesto universitario ascendería a $9,60 billones a valores de 2027. Esa cifra representaría un 28% más que los recursos previstos para las universidades nacionales en el proyecto presupuestario del próximo año.
Los salarios docentes perdieron un 24,2% de poder adquisitivo
Uno de los puntos más preocupantes del análisis es la evolución de los ingresos de los trabajadores universitarios. Según el informe, hasta septiembre de 2026, los salarios docentes y no docentes acumulaban una pérdida del 24,2% de poder adquisitivo en comparación con noviembre de 2023.
El documento también presenta un ejemplo concreto de la evolución salarial: un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad percibía, en noviembre de 2015, el equivalente a $1.185.861 a valores de septiembre de 2026. Para septiembre de este año, su salario era de $672.309, lo que representa una caída real del 43,3%.
De haberse aplicado la Ley de Financiamiento Universitario, ese salario habría alcanzado los $887.581, según la estimación del estudio. Aun así, habría permanecido un 25,2% por debajo de su valor de referencia de 2015.
Sueldos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas
El informe también advierte sobre la situación económica de quienes trabajan en las universidades públicas. De acuerdo con los datos presentados, en septiembre de 2026 solamente los docentes titulares y adjuntos con dedicación exclusiva, junto con los trabajadores no docentes de las categorías 1, 2 y 3, superaban la canasta básica total correspondiente a un hogar tipo 2, utilizada como referencia para medir la línea de pobreza.
En cuanto a la canasta básica alimentaria, que determina la línea de indigencia, el estudio señala que los jefes de trabajos prácticos y auxiliares con dedicación semiexclusiva, además de todos los cargos con dedicación simple, se encontraban por debajo de ese umbral.
A esta situación se suma una disposición incluida en el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027, que establece como referencia las plantas de personal docente y no docente vigentes en las liquidaciones de noviembre de 2026, con excepciones sujetas a la autorización de las autoridades educativas.
Un presupuesto que mantiene la discusión abierta
El análisis concluye que el proyecto presupuestario para 2027 no revierte el deterioro acumulado del financiamiento universitario. Si bien contempla un incremento real respecto de 2026, la distancia con los niveles de 2023 continuaría siendo significativa.
La discusión no se limita a la cantidad de recursos asignados: también involucra los salarios, el funcionamiento cotidiano de las instituciones y la capacidad de las universidades nacionales para sostener sus actividades académicas, científicas y de extensión.
En ese contexto, el financiamiento de la educación superior seguirá siendo uno de los principales ejes del debate sobre el presupuesto público y el futuro de las universidades nacionales en Argentina.