Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone un retroceso en las condiciones laborales, el poder adquisitivo y las políticas de protección social. Entre los datos más preocupantes, señala la pérdida de más de 465.000 puestos de trabajo registrados, el aumento de la informalidad y la caída de los recursos destinados a jubilados, niños, personas con discapacidad y educación.
El documento plantea un escenario de deterioro simultáneo en tres dimensiones fundamentales para garantizar una vida digna: el trabajo, los ingresos y la protección social.
Menos empleo y más informalidad
En materia laboral, el relevamiento indica que entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 32.290 empleadores y 437.611 puestos de trabajo registrados en unidades productivas.
Si se incorpora el personal de casas particulares, la caída del empleo privado registrado alcanza las 465.811 personas, lo que equivale a unos 480 puestos de trabajo por día.
Los sectores más afectados fueron la industria, con 108.000 empleos menos; la construcción, con una pérdida de 81.089 puestos, y el transporte, con 72.737.
A este panorama se suma una informalidad laboral que alcanzó al 45% de las personas ocupadas durante el segundo trimestre de 2026. La desocupación, por su parte, llegó al 7,9%, con situaciones especialmente preocupantes en el Gran Rosario, donde alcanzó el 11,5%, y entre las mujeres de 14 a 29 años, con un 17,1%.
Salarios y jubilaciones pierden poder adquisitivo
El informe también advierte sobre el retroceso de los ingresos. Los salarios registrados, tanto públicos como privados, se encuentran un 7% por debajo de los niveles de noviembre de 2023.
La situación es más pronunciada en el sector público, donde la caída llega al 15,3%, mientras que en la Administración Pública Nacional alcanza el 35,7%.
En el caso de los adultos mayores, las jubilaciones mínimas con bono acumulan una pérdida del 19,2% respecto del último trimestre de 2023.
Uno de los puntos señalados es el congelamiento del bono previsional de $70.000, que permanece sin modificaciones desde marzo de 2024. Según el cálculo de CEPA, si se hubiera actualizado siguiendo la evolución de los haberes, actualmente debería ubicarse en $226.875. Esto representaría $156.875 adicionales por mes para quienes perciben los ingresos previsionales más bajos.
El endeudamiento de las familias y el aumento de la morosidad
La pérdida de poder adquisitivo también tiene consecuencias sobre la economía cotidiana de los hogares. De acuerdo con el relevamiento, muchas familias debieron recurrir al crédito para sostener el consumo y afrontar gastos básicos.
Esta situación se refleja en el crecimiento de la morosidad. En agosto de 2026, el incumplimiento de los créditos bancarios llegó al 12,8%, el nivel más elevado desde la crisis de 2001.
En el financiamiento no bancario, el escenario es todavía más complejo: la morosidad de los proveedores no financieros trepó al 34,2%, estableciendo un récord absoluto y superando incluso el máximo del 27,1% registrado durante la pandemia.
Caída de los recursos destinados a la protección social
Otro de los ejes centrales del documento es la reducción de los recursos destinados a distintas políticas sociales. Al comparar la ejecución real del presupuesto a septiembre de 2026 con el mismo período de 2023, CEPA identifica importantes retrocesos en diferentes áreas.
Entre los datos destacados se encuentran:
- Niñez: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia registra una caída del 75%.
- Adultos mayores: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) disminuyó un 34%, mientras que las pensiones no contributivas retrocedieron un 24%.
- Discapacidad: la ejecución de la Secretaría Nacional de Discapacidad cayó un 27%.
- Salud: la atención sanitaria territorial y la prevención de enfermedades crónicas no registran ejecución. Además, el presupuesto del Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte cayó un 53%.
- Educación: las becas estudiantiles registraron una reducción del 85%. Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles no presentan ejecución.
- Pueblos indígenas: el programa de Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas sufrió una caída del 50,5%.
Un llamado a poner en el centro a los sectores más vulnerables
En sus conclusiones, el informe plantea la necesidad de que el debate democrático vuelva a poner en el centro a los sectores más expuestos a las consecuencias de la situación económica y social: jubilados que dependen de los haberes mínimos, trabajadores informales y desocupados, mujeres, jóvenes, niñas, niños, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
El documento también incluye un mensaje dirigido a Su Santidad, en el que expresa respeto y esperanza, y apela a la cercanía con los sectores más humildes, siguiendo la tradición del papa Francisco.
En ese sentido, sostiene que ninguna persona puede ser considerada un descarte y que la justicia social no debe entenderse como una concesión, sino como una deuda pendiente con quienes atraviesan mayores dificultades.
El relevamiento de CEPA busca aportar datos al debate público sobre las consecuencias sociales y económicas de las políticas implementadas, poniendo el foco en cómo la evolución del empleo, los ingresos y el gasto social impacta en la vida cotidiana de la población.