En el marco de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer, un informe difundido recientemente analizó la situación social y económica de las mujeres en Argentina, señalando que las políticas económicas aplicadas durante la gestión del presidente Javier Milei no impactan de manera neutral en la población, sino que profundizan desigualdades estructurales que ya existían.
Entre los principales indicadores relevados hasta el tercer trimestre de 2025, se destaca que la tasa de actividad de las mujeres es del 52,6%, mientras que la de los varones alcanza el 70,1%, lo que marca una diferencia de 17,5 puntos porcentuales. También se registra una mayor desocupación femenina (7,4%) frente al 5,9% en los varones, además de una mayor informalidad laboral: 38% en mujeres contra 35,5% en hombres.
La brecha salarial también aparece como uno de los datos más contundentes. Según el informe, los ingresos de los varones son entre un 27,3% y un 29% superiores a los de las mujeres, diferencia que se amplía hasta el 40% entre trabajadores informales. Esta situación provoca que las mujeres estén sobrerrepresentadas en los sectores de menores ingresos: el 64,2% de las personas más pobres son mujeres, un porcentaje que creció respecto al 61,4% registrado el año anterior. En contrapartida, en el decil de mayores ingresos la presencia femenina cae al 37%, lo que da lugar a lo que el estudio denomina “feminización de la pobreza”.
Otro factor que condiciona la inserción laboral femenina es la distribución desigual de las tareas de cuidado. El informe indica que las mujeres dedican en promedio tres horas más por día al trabajo doméstico no remunerado que los varones. Además, algunos sectores laborales altamente feminizados, como el trabajo en casas particulares, registraron una pérdida de 22.436 puestos entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, junto con una caída del 35,2% en el salario real.
El análisis también pone el foco en el presupuesto nacional proyectado para 2026, donde se observa una reducción o eliminación de numerosos programas orientados a reducir brechas de género. Según el documento, 7 de cada 10 políticas públicas con perspectiva de género sufrieron recortes o fueron directamente desmanteladas. Entre los ajustes señalados se encuentran reducciones en la moratoria previsional, la Prestación Alimentar y programas de inclusión laboral como Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven, que prácticamente desaparecen del presupuesto.
En materia de políticas contra la violencia de género, el informe advierte una reducción del 86,5% en los programas destinados a la protección de víctimas respecto a 2023. También se señala una fuerte caída en la asistencia de la Línea 144, con un 90% menos de personas atendidas en 2025 en comparación con 2023.
En el área de salud, se menciona el desmantelamiento del programa de Educación Sexual Integral, con una reducción del 98% en su financiamiento, mientras que el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable sufrió un ajuste cercano al 21%. A su vez, el informe advierte que durante 2025 no se distribuyeron preservativos a través del programa nacional de respuesta al VIH e infecciones de transmisión sexual.
Por último, el documento también analiza el impacto de las reformas laborales recientes, señalando que algunas modificaciones podrían afectar especialmente a las mujeres. Entre ellas se mencionan cambios en el régimen de despido por embarazo, la ampliación del período de prueba en el trabajo doméstico y la eliminación de regulaciones vinculadas al teletrabajo y las tareas de cuidado.
De esta manera, el informe plantea que las políticas económicas y laborales actuales generan efectos diferenciados según género, reforzando desigualdades históricas y planteando nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas orientadas a la igualdad.
