En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Ivana Tortosa sobre el significado y el alcance de la media sanción que la Cámara de Diputados de la Nación otorgó al proyecto de una nueva Ley de Discapacidad, una iniciativa que busca establecer un marco permanente de protección para las personas con discapacidad y garantizar la continuidad de sus derechos y prestaciones.
El proyecto fue aprobado el 22 de octubre con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, y ahora deberá ser tratado por el Senado. La propuesta apunta a reemplazar el esquema de emergencia vigente por un régimen permanente para el sistema de discapacidad.
Uno de los aspectos centrales es el mantenimiento de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto se establece en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, se contempla su actualización periódica y se establece que los ingresos del grupo familiar no sean el criterio determinante para acceder al beneficio.
Otro punto importante es la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo formal. Según el texto aprobado por Diputados, esta compatibilidad se contempla para ingresos de hasta dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Si se supera ese límite, se prevé la suspensión provisoria del beneficio, en lugar de su baja definitiva.
La iniciativa también mantiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento fundamental para acreditar la discapacidad y acceder a derechos y prestaciones. A su vez, ratifica un sistema de aranceles unificados para las prestaciones básicas y establece mecanismos vinculados con los pagos a los prestadores, un aspecto relevante para instituciones y profesionales que trabajan en el sector.
En materia de controles, el proyecto incorpora auditorías y mecanismos de revisión, con garantías de notificación y derecho a defensa para las personas alcanzadas. También contempla previsiones de financiamiento para sostener las prestaciones y atender las necesidades del sistema.
La discusión legislativa se desarrolló en medio de reclamos de organizaciones, familias, prestadores y personas con discapacidad, que vienen planteando la necesidad de garantizar la continuidad de los tratamientos, los apoyos y los servicios esenciales. Las negociaciones que permitieron alcanzar la media sanción incluyeron modificaciones al planteo original y el retiro de cambios que formaban parte de la discusión del Presupuesto 2027.
Para quienes acompañan diariamente a personas con discapacidad, el debate tiene una importancia que va más allá de una modificación normativa: involucra el acceso a la salud, la educación, la rehabilitación, el trabajo, la autonomía y la inclusión social.
Es importante aclarar que la iniciativa todavía no es ley. Tras la aprobación en Diputados, deberá obtener la sanción del Senado y completar el proceso legislativo correspondiente para entrar en vigencia.
En la entrevista con Radio María Juana, Ivana Tortosa abordó la relevancia de este debate y la necesidad de seguir de cerca las decisiones que pueden impactar en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las acompañan.