El debate por la tierra volvió a instalarse en el centro de la escena política y económica argentina a partir del proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por el gobierno de Javier Milei, una iniciativa que genera preocupación en organizaciones campesinas, cooperativas y sectores vinculados a la producción de alimentos.
Uno de los principales cuestionamientos fue expresado por Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra y de la Mesa Agroalimentaria Argentina, quien advirtió que el proyecto fortalece la concentración de tierras y limita las herramientas del Estado para intervenir en políticas de acceso al suelo y producción.
Según explican desde las organizaciones, la iniciativa propone modificar aspectos centrales de la Ley de Expropiaciones y eliminar el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras establecido por la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011.
Además, el proyecto plantea eliminar el registro de tierras extranjerizadas, lo que impediría contar con información pública sobre la compra de campos por parte de capitales internacionales.
Levaggi sostuvo que detrás del concepto de “seguridad jurídica” se esconde un modelo que favorece a grandes propietarios, terratenientes e inversores, transformando la tierra en un activo financiero por encima de su función productiva y social.
Desde la Mesa Agroalimentaria alertaron que estas modificaciones podrían profundizar el proceso histórico de concentración de tierras, dificultando aún más la situación de cientos de familias campesinas que trabajan territorios sin títulos formalizados.
Otro de los puntos cuestionados es la reforma a la Ley de Manejo del Fuego, ya que consideran que flexibilizar restricciones sobre tierras incendiadas podría favorecer negocios inmobiliarios y procesos especulativos.
Las organizaciones campesinas también remarcan que el impacto no solo alcanzaría al sector rural, sino que podría afectar el acceso a la vivienda y al suelo urbano al limitar herramientas estatales de intervención.
Frente a este escenario, la Mesa Agroalimentaria exige el cumplimiento de la actual Ley de Tierras, mayor control sobre las operaciones de compra de campos y políticas públicas que garanticen el acceso a la tierra para quienes producen alimentos.
Para las organizaciones, la discusión de fondo no es solamente jurídica, sino también económica y social, ya que entienden que el modelo de desarrollo del país dependerá de cómo se defina el uso y la distribución de uno de sus recursos más estratégicos: la tierra.
Fuente: Pagina 12
