La crisis política en Jujuy por la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales y aprobada el jueves 15 de junio terminó de estallar el sábado con protestas en las calles y cortes de rutas que terminaron en un enfrentamiento con la policía.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ratificó el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, la que -explicó- “prohíbe los cortes de rutas y calles” y la “ocupación de edificios públicos”. Sin embargo, dio marcha atrás con otros dos artículos relacionados con derechos de los pueblos originarios.
El artículo 67, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica“, señala en su tercer inciso que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros”, para más adelante sostener que el derecho a manifestarse debe garantizar “la libre circulación de las personas“.
Por lo tanto, en su último inciso, resalta: “La prohibición de los cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”.
El gobernador jujeño adelantó que “una ley ordenará un poco” lo dispuesto en ese artículo “sin restringir, porque no lo puede hacer, el derecho a la manifestación“.
Morales defendió los artículos 50 y 36 de la nueva Carta Magna y consideró la reforma impulsada como “progresista”, “moderna” y que “genera derechos”.
Sin embargo, reconoció que “hay dudas” de parte de los sectores indígenas sobre esas incorporaciones, ya que, del debate por la reforma participaron “156 comunidades” de un total de “300 comunidades que han sido invitadas”.
Además, afirmó que planteará la “reconsideración” de los artículos 36 y 50, relacionados con derechos de los pueblos originarios, que volverán “a la vieja redacción“, tras reconocer “dudas” en las comunidades indígenas.
La aprobación de la reforma constitucional de Jujuy impulsó protestas y cortes de ruta que fueron brutalmente reprimidos. Situación que puso en estado de alerta a todo el país por lo cual distintas organizaciones y gremios se suman a un paro nacional previsto para el jueves y Santa Fe no está exenta ya que los gremios docentes se suman a la medida de fuerza.
El sindicato de docentes privados de Santa Fe (Sadop) anunció que se sumará al paro nacional previsto para el jueves e impulsado por Cetera.
El sindicato señalo que, “repudiamos enfáticamente la criminalización de la protesta social y solicitamos la urgente intervención del Gobierno Nacional en el conflicto, a fin que se preserven la vida y las libertades de nuestras y nuestros compatriotas”, y agregó que “consideramos inadmisible cualquier intento de sofocar los justos reclamos laborales y políticos y reafirmamos nuestro compromiso militante con la lucha de toda la docencia por la recomposición del salario y dignas condiciones laborales”.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó a un paro nacional docente para el próximo jueves 22 de junio ante “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño”, tras la represión policial contra manifestantes que reclamaban por la reforma de la Constitución de esa provincia. Amsafé confirmó que se adhiere a la medida.
Pero el paro nacional docente de Ctera al que Amsafé provincial adhiere no es la única convocatoria para este jueves 22 de junio, sino que se superpone con una medida de fuerza anunciada anteriormente para los departamentos Rosario y San Lorenzo y de la que también participarán otros gremios, que conforman junto con Amsafé la Multisectorial por la Paz en Rosario.
