Un reciente análisis sobre la situación del empleo público en la provincia de Santa Fe expone un escenario complejo en materia laboral y salarial, marcado por una reducción significativa de puestos de trabajo y un deterioro del poder adquisitivo, en paralelo a un fuerte crecimiento de los cargos políticos desde el cambio de gestión iniciado en diciembre de 2023.
Según el informe, entre 2024 y marzo de 2025 se produjo una disminución cercana a los 6.000 trabajadores estatales, con un impacto especialmente fuerte en el sector educativo, que perdió aproximadamente 4.800 puestos, equivalente al 8% de su planta. La caída se concentró principalmente en trabajadores administrativos, técnicos y profesionales. El dato cobra relevancia al considerar que Santa Fe ya registraba uno de los ratios de empleo público más bajos del país.
En contraposición, el estudio señala que la planta política provincial más que triplicó su tamaño entre 2023 y 2025. El aumento se concentró en autoridades superiores y asistentes técnicos, con la creación de nuevos niveles jerárquicos y una mayor asignación de recursos en puestos con salarios más altos, lo que implicó un cambio significativo en los criterios de contratación estatal.
A su vez, el análisis detalla un marcado deterioro salarial en todos los sectores del empleo público desde noviembre de 2023. Las mayores pérdidas se dieron en el sector docente, con un retroceso del 17,4% en el poder adquisitivo, y en el área de enfermería del sector salud, con una caída del 17,3%. El personal policial también sufrió una reducción del 15,7% en el salario mínimo garantizado.
En la administración central, la retracción impactó de manera desigual: las categorías de menores ingresos —que representan el 91% de los puestos— enfrentaron una caída cercana al 11%, mientras que los rangos salariales medios lograron recomponer e incluso superar el poder adquisitivo previo, y las categorías más altas mantuvieron valores similares a los de finales de 2023.
En síntesis, el informe señala que el proceso de ajuste provincial se sustentó en la disminución del empleo estatal, la pérdida del poder adquisitivo y una reorganización interna que transfirió el mayor costo al personal de menores ingresos y a áreas estratégicas como educación y salud. Todo esto ocurrió mientras aumentaba de manera significativa el tamaño y jerarquía de la planta política, situación que, según el análisis, redefine prioridades del gasto público y abre interrogantes sobre la equidad interna del Estado y su capacidad de sostener servicios esenciales de calidad.
