La investigadora Virginia Aparicio, científica del INTA y del CONICET en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, atraviesa un conflicto administrativo que volvió a poner en el centro del debate la presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo humano, así como el derecho de la población a conocer los resultados de investigaciones realizadas sobre su propia salud y entorno.
Aparicio trabaja en el INTA desde 1997 y se especializa desde hace más de dos décadas en el estudio de suelos, agua y plaguicidas. En 2020 fue designada coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition), una investigación financiada por la Unión Europea y coordinada internacionalmente desde la Universidad de Wageningen, en Países Bajos.
El proyecto buscó estudiar la exposición a plaguicidas desde una perspectiva de “Salud Global”, analizando simultáneamente personas, animales, alimentos y diferentes componentes del ambiente.
Argentina fue el único país de América del Sur que participó del proyecto.
¿Qué encontró la investigación?
El relevamiento argentino incluyó a 73 voluntarios de localidades bonaerenses como Balcarce, Mar del Plata, Necochea, Tandil y Tres Arroyos. Se tomaron muestras humanas y ambientales para determinar la presencia de diferentes sustancias utilizadas como plaguicidas.
Los resultados difundidos posteriormente en relación con el estudio señalaron la detección de múltiples plaguicidas en muestras de sangre, orina y materia fecal, además de su presencia en alimentos, polvo de viviendas, granos, animales, suelos y aguas superficiales.
Según datos difundidos recientemente a partir de los resultados del proyecto, en los participantes argentinos se encontraron entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina y hasta 18 en materia fecal. También se informó la detección de entre 7 y 53 plaguicidas en muestras de aire tomadas en distintos lugares de la región.
Uno de los datos que más llamó la atención fue la presencia de glifosato en el 86,1% de los argentinos analizados, según resultados difundidos sobre el proyecto.
Pero hay una cuestión fundamental: que una sustancia aparezca en el organismo no significa automáticamente que esa persona vaya a desarrollar una enfermedad determinada. Sin embargo, tampoco significa que su presencia sea irrelevante.
Por el contrario, constituye evidencia de que existió exposición y plantea una pregunta sanitaria central: ¿por qué sustancias diseñadas para controlar organismos considerados plagas están llegando al cuerpo humano?
Los plaguicidas no son sustancias inocuas
La discusión no debería plantearse en términos de “plaguicidas buenos” o “plaguicidas malos”, sino desde una cuestión básica de salud: son sustancias biológicamente activas y potencialmente tóxicas que pueden ingresar al organismo humano.
La Organización Mundial de la Salud señala expresamente que los plaguicidas son potencialmente tóxicos para las personas y que pueden producir efectos agudos y crónicos, dependiendo de la sustancia, la dosis y la vía de exposición. La exposición puede producirse por ingestión, inhalación o contacto con la piel.
La OMS también advierte que una exposición importante puede provocar intoxicaciones agudas y que, a largo plazo, determinados plaguicidas pueden estar asociados con cáncer y efectos adversos sobre la reproducción.
Además, existe preocupación científica por los denominados disruptores endocrinos. Algunos plaguicidas pueden interferir con el sistema hormonal y la OMS señala que estas sustancias resultan particularmente relevantes durante el embarazo, la infancia y otras etapas sensibles del desarrollo.
Los posibles efectos asociados a la exposición a sustancias químicas peligrosas incluyen alteraciones neurológicas, reproductivas, cardiovasculares y respiratorias, además de trastornos del desarrollo, enfermedades endocrinas y determinados tipos de cáncer.
Esto hace que la prevención de la exposición tenga una importancia central. No es necesario esperar a que una persona enferme para considerar relevante la presencia de un contaminante en su cuerpo.
Un problema especialmente importante cuando existen mezclas
Otro aspecto relevante del proyecto SPRINT es que no se limitó a estudiar una única sustancia.
Las personas pueden estar expuestas simultáneamente a mezclas de diferentes plaguicidas. El propio proyecto internacional trabajó con un enfoque destinado a evaluar precisamente esa exposición múltiple y sus posibles riesgos.
Esto resulta importante porque en la vida real una persona puede estar expuesta a diferentes sustancias a través del aire, el agua, los alimentos, el polvo doméstico o el contacto laboral.
La presencia de varias sustancias no permite concluir automáticamente que exista una enfermedad causada por ellas, pero sí plantea un desafío científico y sanitario: comprender qué sucede cuando distintas sustancias ingresan simultáneamente al organismo durante períodos prolongados.
¿Qué pasó con los resultados en Argentina?
Uno de los puntos centrales del caso Aparicio es que los resultados obtenidos en Argentina estaban previstos para ser presentados públicamente en junio de 2023.
Sin embargo, el INTA suspendió esa presentación y posteriormente decidió retirarse institucionalmente del proyecto SPRINT.
Aparicio sostiene que quienes participaron voluntariamente de la investigación confiaron sus muestras biológicas y datos personales con la expectativa de que ese conocimiento fuera analizado y comunicado.
En una carta difundida esta semana, la investigadora escribió que la ciencia pública tiene una responsabilidad que no termina cuando obtiene un resultado: debe analizarlo rigurosamente, discutirlo y comunicar aquello que pueda ser de interés para las personas y las comunidades.
El proyecto internacional continuó sin la participación institucional argentina y finalizó en 2026.
El sumario contra la investigadora
La suspensión de la presentación de resultados fue seguida por la salida del INTA del proyecto y posteriormente por un sumario administrativo contra Aparicio.
Según la investigadora y organizaciones que acompañan su situación, el expediente podría derivar en su exoneración del Estado nacional. Aparicio manifestó que, al momento de difundir su carta, no había recibido una notificación formal de esa eventual decisión, aunque aseguró haber tomado conocimiento extraoficial de que su situación había sido tratada por el Consejo Directivo del INTA.
La APDH expresó públicamente su preocupación y reclamó que se garantice la continuidad de la investigación científica y el derecho a acceder a información ambiental. La organización sostuvo que los resultados internacionales asociados al proyecto mostraron presencia de plaguicidas en las muestras humanas y ambientales analizadas en Argentina.
También APINTA, el gremio que representa a trabajadores del INTA, cuestionó el proceso y reclamó garantías para la libertad de investigación y comunicación científica.
¿Por qué el caso importa más allá de Virginia Aparicio?
El caso trasciende la situación laboral de una investigadora.
Hay una cuestión de fondo relacionada con qué información tiene derecho a conocer una sociedad cuando una investigación financiada con fondos públicos o internacionales encuentra sustancias potencialmente peligrosas en el ambiente y en el organismo de sus habitantes.
Los plaguicidas cumplen funciones productivas y existen regulaciones destinadas a establecer condiciones de uso. Pero la existencia de una autorización para utilizar una sustancia no significa que la exposición humana sea deseable ni que cualquier nivel de exposición sea inocuo.
Desde una perspectiva de salud pública, el objetivo debería ser reducir las exposiciones evitables, especialmente en niños, embarazadas, trabajadores rurales y poblaciones que viven cerca de zonas de aplicación.
La OMS sostiene que prevenir y reducir la exposición a sustancias químicas peligrosas resulta particularmente importante durante el embarazo y la infancia, debido a la vulnerabilidad de estas etapas.
Y ahí aparece una de las cuestiones más importantes que deja este caso: si una investigación encuentra plaguicidas en la sangre, orina, materia fecal, aire, agua, alimentos y polvo de los hogares, la discusión no debería ser solamente quién puede comunicar los resultados, sino qué hacemos como sociedad para reducir esa exposición.
La ciencia todavía tiene preguntas por responder sobre los efectos de las exposiciones crónicas y combinadas a múltiples sustancias. Pero existe algo que ya está suficientemente establecido: los plaguicidas son sustancias potencialmente tóxicas y la exposición humana puede generar riesgos para la salud. Por eso, detectar su presencia en el organismo merece ser investigado, informado y, sobre todo, prevenido.
El caso de Virginia Aparicio vuelve a poner esa discusión sobre la mesa: qué estamos respirando, qué estamos comiendo, qué llega al agua, qué queda en nuestros hogares y, finalmente, qué termina dentro de nuestros cuerpos.
