El debate por el financiamiento de las universidades públicas volvió a tomar relevancia tras la situación generada en torno a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025. La norma fue posteriormente vetada por el Gobierno el 10 de septiembre, aunque el Congreso ratificó su aprobación el 2 de octubre del mismo año. Sin embargo, el 21 de octubre el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025 argumentando falta de financiamiento, pese a que la propia ley contemplaba la posibilidad de realizar adecuaciones presupuestarias.
La controversia continuó cuando el 23 de diciembre de 2025 la Justicia ordenó que la ley se aplique. En ese contexto, el 18 de febrero de 2026 el Gobierno nacional envió un proyecto al Congreso con el objetivo de modificarla, lo que volvió a encender el debate sobre el futuro del sistema universitario público.
Según distintos análisis presupuestarios, el presupuesto universitario sufrió un ajuste real del 28,7% entre 2023 y 2025, y la caída alcanza el 45,6% si se compara con el presupuesto vigente en 2026 respecto de 2023. De haberse aplicado la ley ratificada por el Congreso, el presupuesto habría aumentado 35,1% respecto de 2025, quedando apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023, lo que habría permitido recuperar gran parte del financiamiento previo al ajuste. En cambio, el proyecto impulsado por el Gobierno implicaría nuevas reducciones, con una caída estimada de 14,2% frente a 2025 y de 38,8% respecto de 2023.
Uno de los puntos más sensibles es el impacto sobre los salarios, que representan cerca del 86,9% del gasto universitario. Entre 2023 y 2026, el mayor ajuste recayó sobre los sueldos del personal docente y no docente, que registraron una reducción real del 43,2%. Además, entre noviembre de 2023 y enero de 2026 el salario real cayó 34%, con la mayor pérdida registrada entre diciembre de 2023 y julio de 2024.
La situación también se refleja en el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. En enero de 2026, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes de niveles más altos superan la línea de pobreza, mientras que gran parte del resto del personal percibe ingresos por debajo de ese umbral. Incluso, considerando la línea de indigencia, muchos cargos docentes con dedicación simple se ubican por debajo.
La ley ratificada por el Congreso proponía una recomposición salarial de al menos 44% para recuperar el poder adquisitivo perdido, lo que habría dejado los salarios de fines de 2025 apenas 1,3% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. En cambio, el proyecto del Gobierno plantea tres aumentos trimestrales del 4,1% (12,3% en total), cifra que quedaría por debajo de la inflación proyectada para el período y provocaría una nueva caída del salario real.
Un ejemplo del deterioro salarial se observa en el caso de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) semi exclusivo sin antigüedad, cuyo ingreso pasó de $1.154.094 en noviembre de 2015 a $570.470 en enero de 2026 (valores actualizados a septiembre de 2026), lo que representa una pérdida real del 50,6%. De haberse aplicado la ley insistida por el Congreso, esa pérdida se habría reducido significativamente.
En este contexto, el debate sobre el financiamiento universitario continúa abierto y se mantiene como uno de los temas centrales en la agenda educativa y presupuestaria del país, en medio de la preocupación de la comunidad académica por el impacto que estos recortes pueden tener en el funcionamiento de las universidades públicas y en el sistema científico y tecnológico argentino.
