Un análisis sobre la evolución de las jubilaciones en Argentina sostiene que la fórmula de movilidad previsional establecida por la Ley 27.609, vigente entre 2021 y 2024, habría generado aumentos superiores a los otorgados mediante el sistema implementado por el presidente Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024.
El informe compara ambas modalidades de actualización de haberes y concluye que, aunque la nueva fórmula basada en la inflación permitió recuperar parte de la pérdida sufrida durante los primeros meses de 2024, a mediano plazo los incrementos que hubiera otorgado la ley anterior resultarían más beneficiosos para los jubilados.
Según el trabajo, de haberse mantenido la fórmula anterior, los aumentos correspondientes a septiembre y diciembre de 2024, y marzo, junio y septiembre de 2025, habrían sido superiores a los efectivamente aplicados. En contraste, el esquema actual habría resultado más favorable en diciembre de 2025 y en marzo y junio de 2026.
Diferencias en los haberes
De acuerdo con las estimaciones presentadas, en junio de 2026 la jubilación mínima sin bono alcanza los $403.327 bajo la fórmula vigente. Sin embargo, de haberse mantenido la Ley 27.609, el haber mínimo se ubicaría en torno a los $490.621, una diferencia superior al 21%.
El informe también pone el foco en el bono compensatorio destinado a jubilados de menores ingresos. Desde marzo de 2024, ese adicional permanece congelado en $70.000, mientras que los haberes previsionales continuaron actualizándose por inflación.
Como consecuencia, se señala que mientras la jubilación mínima sin bono aumentó alrededor de un 200% entre marzo de 2024 y junio de 2026, la mínima con bono incluido se incrementó cerca de un 132%. De haberse actualizado al mismo ritmo que los haberes, el bono debería rondar actualmente los $210.000.
Debate sobre el poder adquisitivo
Otro de los puntos destacados es la evolución del poder de compra de los jubilados. El estudio sostiene que quienes perciben la jubilación mínima junto al bono presentan una caída significativa respecto de los últimos meses de la gestión anterior, mientras que las jubilaciones sin bono también muestran una leve pérdida en términos reales.
Los autores del informe afirman que el sistema actual, al estar directamente vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), evita que las jubilaciones sigan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación, pero limita las posibilidades de recuperación real de los ingresos.
Las leyes vetadas y el futuro previsional
El documento también recuerda que el Poder Ejecutivo vetó distintas iniciativas aprobadas por el Congreso que proponían una recomposición adicional para jubilados. Entre ellas figuraban aumentos extraordinarios del 7,2%, la actualización del bono previsional, mejoras en la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la continuidad de la moratoria previsional.
Precisamente, la finalización de la moratoria en marzo de 2025 constituye otro de los aspectos señalados por el informe. Según las estimaciones mencionadas, la mayoría de las personas que alcancen la edad jubilatoria sin los aportes requeridos deberán acceder a la PUAM, una prestación equivalente al 80% de la jubilación mínima.
El debate sobre la movilidad previsional continúa siendo uno de los temas centrales de la agenda económica y social del país, en un contexto donde el desafío sigue siendo garantizar ingresos que permitan a los jubilados mantener su poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.
